MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los perjudicados por el cierre repentino de las clínicas Funnydent llegan a los 2.481 con un "perjuicio económico" estimado en más de 8,8 millones de euros, según consta en el auto por el que el Juzgado número 4 de Navalcarnero delega a la Audiencia Nacional la instrucción del caso.
Según se desglosa en el auto, los tres municipios madrileños en los que más denuncias se interpusieron por la presunta estafa fueron Leganés (481), Fuenlabrada (442) y Móstoles, con 335. En Leganés el perjuicio económico fue de 1.924.962 euros; el de Fuenlabrada de 1.165.578,19 euros, y el de Móstoles de 1.190.992,48.
Otras tres localidades madrileñas en las que se interpusieron denuncias contra Funnydent fueron Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Alcobendas. En Torrejón de Ardoz se interpusieron 146 denuncias por una estafa de 412.614,50 euros; en Alcalá de Henares, 106 denuncias por un perjuicio de 357.848 euros, y en Alcobendas se interpusieron 334 denuncias por un perjuicio de 1.026.787,65 euros.
Además de estos siete municipios madrileños, en el auto se establece que las ciudades catalanas de Mataró (191 denuncias por una estafa de 605.659 euros) y Sabadell (347 denuncias por un perjuicio de 1.271.605 euros) también fueron afectadas por el fraude de las clínicas dentales.
Según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado estima que en la presente causa aparecen perjudicadas una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, por lo que se dan las circunstancias hábiles, tanto por el daño causado como por el tipo penal, para que la Audiencia Nacional sea la competente.
El administrador único de las clínicas dentales, Cristóbal López Vivar, se encuentra en prisión provisional desde que fuera detenido el pasado 31 de enero tras cerrar, sin previo aviso, los establecimientos, dejando a centenares de pacientes con tratamientos a medias.
Los más de mil afectados, muchos de ellos madrileños, por el cierre de las clínicas dentales se organizaron con el objetivo de paralizar los préstamos e intentar denunciar al propietario de los establecimientos por un delito contra la salud.
Tras el repentino cierre de todas las clínicas, los pacientes escribieron una carta al Defensor del Pueblo en la que denunciaban que con el cierre sin aviso de estas clínicas dentales a la mayoría les habían dejado "con tratamientos a medio hacer con consecuencias graves para la salud".
"Estos señores han desaparecido de las clínicas de la noche a la mañana y nos han dejado a los pacientes con las bocas medio operadas. Queremos responsabilidades del dueño Cristóbal López Vivar, que ha desaparecido con nuestro dinero y lo que es peor perjudicando nuestra salud", señalaban en la misiva, con la que están recogiendo firmas en la plataforma change.org.
