El socialista Óscar Monterrubio acusa al consejero de "pasarse la legislación vigente por el forro de sus caprichos"
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, invitó hoy al PSOE a "denunciar" al Consejo de Ministros y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por convalidar gastos por más de 152 millones de euros en dos meses, práctica llevada a cabo por la Comunidad de Madrid para contratar a una consultoría que le asesoró en el Plan de Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica y que, según los socialistas, es "ilegal".
En respuesta a una pregunta durante el Pleno de la Asamblea, Lamela pidió al diputado socialista Óscar Monterrubio que "no actúe de cómplice ni de encubridor" y vaya al juzgado a denunciar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central por una práctica que aseguró "está contemplada por la legislación vigente a través del procedimiento de convalidación".
En relación con los defectos detallados por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, apuntó que se trata de "vicios de trámite que se producen por razones de urgencia, motivadas por una apuesta del Gobierno de Madrid y de su presidenta de conseguir en un tiempo récord un objetivo récord".
"Si hay algo que caracteriza el proceso de las listas de espera es el rigor y la transparencia", aseguró Lamela antes de mostrarse "sumamente gustoso" a que la Cámara de Cuentas "fiscalice éste y todos los contratos de la Consejería de Sanidad", como avanzó que pedirá el portavoz socialista.
OMISIÓN DELIBERADA, SEGÚN EL PSOE
Monterrubio acusó a Lamela de "pasarse la legislación vigente por el forro de sus caprichos" y "omitir de forma deliberada los preceptos que vienen recogidos en la normativa" para dar cumplimiento, "de forma aparente", al compromiso que adquirió la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para reducir las listas de espera.
En este sentido, recordó que, según el informe del interventor general de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad "omitió el trámite de fiscalización previa" y "el procedimiento de contratación establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP)".
Asimismo, apuntó que el interventor pone de relieve "la inexistencia de crédito en la partida presupuestaria correspondiente" para los gastos realizados en 2004, y advierte de que, "en función del importe y del carácter plurianual del gasto, el mismo debió ser autorizado por el Consejo de Gobierno, habiéndose omitido asimismo el informe preceptivo de la Dirección General de Presupuestos".
