MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud al pago de una indemnización de 352.177 euros por las secuelas producidas a un paciente que recibió un trasplante de riñón en el Hospital Clínico San Carlos procedente de un donante infectado con un virus.
El paciente, B.S.C., de 44 años de edad y diagnosticado de insuficiencia renal, fue sometido a un segundo trasplante renal en el Hospital Clínico San Carlos, el día 11 de septiembre de 2005, procedente de un donante en asistolia.
El donante era una persona joven de nacionalidad boliviana con residencia en España, que falleció de forma súbita. Nada más ser practicado dicho trasplante, el paciente comenzó a sufrir una sintomatología variada hasta que en el mes de octubre de 2007 fue informado de que padecía una enfermedad neurológica denominada paraparesia espástica por el virus HTLV I y II.
En la actualidad, las secuelas padecidas por el paciente son parálisis de ambos miembros inferiores, lumbalgia crónica secundaria a estrechez de la columna vertebral a nivel C6-C, incontinencia urinaria y fecal permanente, hipotiroidismo autoinmune, insuficiencia suprarrenal crónica y síndrome ansioso depresivo severo crónico.
La Sala admite que en el presente caso ha existido una mala praxis toda vez que no se efectuaron las pruebas serológicas correspondientes al HTLV I y II, pues el donante procedía de Bolivia, país endémico, circunstancias que hacían necesario efectuar el barrido recomendado por la Organización Nacional de Trasplantes.
Según la sentencia, de haberse efectuado dichas pruebas, el paciente no se hubiera contagiado con el citado virus y no se hubieran producido las importantes secuelas sufridas por el mismo. Además, destaca que se produjo un retraso considerable en la detección del virus contagiado, toda vez que las pruebas no se efectuaron hasta el mes de junio de 2007, a pesar de que el paciente cursó sintomatología nada más ser trasplantado.
La defensa de los intereses del afectado ha sido ejercida por la abogada Julia García Domínguez, especialista en derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.
