MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha censurado este viernes que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, hable de "aborto seguro" en la región pero, al mismo tiempo, el Gobierno regional se niegue a crear el registro de objetores de conciencia, algo que ha tildado de "contradictorio y preocupante".
"Decir que se garantiza un aborto seguro y, al mismo tiempo, negarse al registro de objetores es vaciar de contenido el derecho a decidir y trasladar la responsabilidad al azar de cada profesional. Es una irresponsabilidad institucional que evidencia falta de compromiso con la salud pública y con los derechos de las mujeres madrileñas", ha apuntado el presidente de ADSPM, Sergio Fernández Ruiz.
Así lo ha indicado en relación a unas declaraciones de la máxima responsable de la Sanidad madrileña en las que ha destacado que el Ejecutivo madrileño cree en un aborto "legal, seguro y poco frecuente" y ha reafirmado que en la región no se va a "señalar ni perseguir" a quienes practican o no abortos.
En un comunicado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha recalcado que el registro de objetores de conciencia es "una herramienta clave para garantizar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se ejerza en la red pública sin obstáculos, arbitrariedades ni incertidumbre para mujeres y profesionales sanitarios".
"No es un capricho ni un instrumento de control ideológico: es una obligación legal, diseñada para asegurar transparencia, planificación y seguridad en la atención sanitaria", ha recalcado. Así, ha remarcado que negarse a implantarlo "y mantenerlo en secreto" pone "en riesgo tanto los derechos de las mujeres como la seguridad del personal que cumple la ley".
Así, desde la ADSPM han subrayado que esta postura "rompe la equidad del sistema sanitario público, generando desigualdad entre quienes acceden a la atención y quienes no" y "fomenta la discrecionalidad y la inseguridad jurídica, debilitando la confianza en la sanidad pública". Igualmente, han apostillado, se "estigmatiza tanto a las mujeres que ejercen su derecho como a los profesionales que cumplen la ley".
