ASTORGA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido condenada al pago de una indemnización de 166.000 euros por los daños causados a un menor que en 2005, cuando tenía 11 años, sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de una negligencia médica en la que se dejó progresar un tumor óseo maligno por un error de diagnóstico y seguimiento.
Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras la denuncia tramitada por los Servicios Jurídicos de 'El Defensor del Paciente'.
Los hechos ocurrieron el día 11 de abril de 2005, cuando el niño acudió a su Centro de Salud en Astorga (León) por un dolor en la rodilla que le producía cojera. La pediatra del niño tras prescribir la realización de unas radiografías y analítica le remitió de urgencia al servicio de traumatología, según han informado fuentes de 'El Defensor del Paciente'.
A partir de ese momento el menor fue atendido por el Servicio de Traumatología del Centro de Salud de Astorga, donde tras ser sometido a una resonancia magnética se indicó a los padres que el niño sufría una lesión benigna conocida como displasia fibrosa y que le realizarían radiografías de control todos los meses. No se prescribió ninguna otra prueba diagnóstica a pesar de que los indicios recomendaban realizar una biopsia que descartase un proceso maligno.
En total pasaron nueve meses desde que el menor acudió a los servicios médicos hasta que finalmente le hicieron la mencionada biopsia. "Evidentemente ya fue muy tarde para paliar las consecuencias de la enfermedad", han señalado los informantes antes de subrayar que durante ese periodo el niño fue visto por cuatro traumatólogos distintos que no detectaron un crecimiento del tumor.
"Se dejó crecer el proceso patológico sin tomar ningún tipo de precaución en relación a lo que estaba pasando", han apuntado las fuentes. De esta forma la lesión fue en aumento y el niño llegó incluso a utilizar bastones dadas las dificultades que tenía para caminar.
Según se asegura en la sentencia, el retraso en el diagnóstico y la solución produjo que, cuando finalmente se adoptaron medidas, el paciente presentara ya metástasis inguinales y pulmonares de manera que la solución quirúrgica obligaba a la amputación de la pierna.
"A raíz del diagnóstico, el niño tuvo que someterse a tratamientos muy agresivos, a situaciones de extrema gravedad dado que estaban afectados sus órganos vitales, y tomar decisiones muy duras como fue la amputación de la pierna".
Para la presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, "el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto de manera acertada dado que ha acogido los argumentos realizados por el letrado de la asociación que defendía los derechos del paciente, y ha dictado sentencia a favor de los derechos del paciente sin dejarse confundir por el corporativismo médico".
La defensa del caso ha sido tramitada por el despacho de especialista en derecho sanitario Santiago Díez y adscrito a los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente.
