MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y el ex viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda González, ha mantenido hoy las tesis del ex consejero Manuel Lamela en las investigaciones sobre sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés y ha diferenciado las actuaciones a raíz de una denuncia anónima en 2003 y las que acabaron en un juzgado de Leganés en 2005.
Así lo ha manifestado la letrada de la acusación popular, Elena Regúlez, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha participado hoy en las diligencias de investigación incoadas por la querella presentada por el ex director del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa Luis Montes contra Lamela y otros responsables sanitarios.
Según explicó, no ha comparecido el médico inspector de la Consejería de Sanidad José Luis Rodríguez Nava, citado también esta mañana por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, "por encontrase de viaje". El propio Canalda ha rehuido hacer declaraciones a la prensa.
Regúlez señaló que a Canalda "le ha parecido razonable desde el punto de vista administrativo, jurídico, procesal y de todo punto" la actuación de la Consejería al nombrar un Comité de expertos para investigar en 2005 si había sedaciones irregulares "sin esperar a que la Fiscalía concluyera la investigación que practicaba al recibir una denuncia anónima".
"Lo que es extraño es que le haya parecido razonable el nombramiento del Comité antes de que el fiscal terminara para luego puentearle, remitir el informe y presentar la denuncia en los juzgados de Leganés", agregó.
DIFERENCIAS ENTRE LAS DENUNCIAS DE 2003 Y 2005
Asimismo, la abogada de la acusación popular señaló que el actual Defensor del Menor diferenció durante la toma de declaración de hoy los hechos de 2003 y los de 2005. Así, la letrada recordó que en 2003 hubo una denuncia anónima que se archivó porque no había indicios de mala praxis. De hecho, en una carta Canalda argumentó que la propia Consejería y el Comité de Ética de Getafe había determinado en 2003 que no había indicios sobre mala praxis en las Urgencias del Severo Ochoa.
"En la documentación que nosotros manejamos se indica que él manifestó por activa y por pasiva en 2005 que los hechos denunciados ya habían sido investigados y estaban cerrados. En 2005 los propios denunciantes argumentaban que son hechos que venían denunciando desde 2003. Y ahora se pretende establecer una diferencia, pero todo indica, según las cartas de la Consejería, que los hechos son los mismos. Es una interpretación forzada, a mi manera de ver", dijo la letrada de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
No obstante, relató que al entonces viceconsejero de Sanidad "siguiendo las instrucciones" de su principal, Manuel Lamela, presentó el 26 de mayo de 2005 una denuncia ante un juzgado de Leganés en base a los denunciado por una persona anónima que aludía a que se estarían produciendo sedaciones irregulares en el Severo Ochoa. La denuncia se apoyó en el informe elaborado por los médicos ahora imputados en el presente proceso por un presunto delito de falsedad.
Los médicos son Manuel Gómez Barón, del Hospital La Paz; Hernán Cortes, oncólogo del 12 de Octubre; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón; Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos; e Isidoro Álvarez, de la Consejería de Sanidad. A los especialistas se les imputa un delito de falsedad.
Después de la comparecencia de esta mañana y la del propio Lamela el pasado 9 de junio, la jueza continúa la ronda de interrogatorios para dilucidar si en el caso del Severo Ochoa se produjo un presunto delito de denuncia falsa y falsedad, al haber quedado demostrado que no hubo mala praxis en las sedaciones. El doctor Montes pone en el punto de mira a Lamela y seis médicos que elaboraron un informe para apoyar su tesis.
