MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida (IU) y portavoz en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, ha interpuesto ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un recurso de alzada, previo a la vía contencioso-administrativa, contra la exclusión de medicamentos del Sistema Nacional de Salud.
En el recurso, que fue registrado el jueves en el departamento que dirige Ana Mato, Llamazares denuncia que entre los dos tipos de medicamentos que se han excluido de la financiación pública --"de las más de 500 marcas afectadas"-- no sólo figuran principios activos que pueden ser catalogados de dudosa eficacia sino que, también hay otros principios activos que tienen actividad "demostrada" y que son "necesarios" para tratar síntomas de diversas patologías, tanto agudas como crónicas.
"Entre los medicamentos excluidos los hay que están recogidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud como la acetilcisteina. Esta exclusión de la financiación puede tener serios efectos en la salud de las personas más vulnerables y puede incrementar las desigualdades sociales en salud", explica el diputado de IU en el texto.
De esta forma, Llamazares asegura que la normativa "incumple" dos artículos de la Ley General de Salud Pública en los que se establece que las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la "disminución de las desigualdades" sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto.
Además, prosigue el dirigente de IU, en dicha normativa se recuerda que las administraciones públicas deberán someterse a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley.
En este sentido, Llamazares recuerda que el Ministerio también ha incumplido el apartado en el que se obliga a evaluar el impacto en la salud y las desigualdades sociales que las medidas adoptadas pueden acarrear.
Por último, ha fundamentado el recurso en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el que se anulan aquellos actos de las administraciones públicas que incurran en "cualquier infracción" del ordenamiento jurídico e, incluso, la "desviación de poder".
