La Ley de la eutanasia aún plantea demasiados interrogantes que impiden una total garantía al profesional, según CGCOM

Pie de foto: (De Izq a Dcha) Dr. René Héman; Dr. Ramin Parsa-Parsi; Dr. Frank Ulrich Montgomery; D. Ricardo De Lorenzo; Dr. Tomás Cobo Castro y Dr. Jean Franois Rault
Pie de foto: (De Izq a Dcha) Dr. René Héman; Dr. Ramin Parsa-Parsi; Dr. Frank Ulrich Montgomery; D. Ricardo De Lorenzo; Dr. Tomás Cobo Castro y Dr. Jean Franois Rault - OMS
Publicado: jueves, 21 octubre 2021 19:34

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el doctor Tomas Cobo, considera que la ley española de la eutanasia aún plantea demasiados interrogantes que impiden una total garantía al profesional, ya que la ley la forma concreta en la realización de la objeción de conciencia.

Cobo, que ha participado dentro del XXVII Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario en una mesa sobre la experiencia europea con las leyes reguladoras de la eutanasia en la que los representantes de España, Alemania, Francia, Holanda y la Asociación Médica Mundial (AMM), ha expuesto que, a día de hoy, la atención al final de la vida es uno de los mayores retos que comparten los médicos, los responsables de los sistemas sanitarios y la sociedad.

Entendiendo que este asunto es complejo y atraviesa a la profesión médica, ha recordado que "la eutanasia no está considerada un acto médico" y, por tanto, "todos censuramos la idea de acabar con la vida de una persona, pero también sabemos que, en nuestro día a día, nos enfrentamos a dilemas de decisión que rebasan la simplicidad y que nos obligan a pensar y concebir alternativas para los nuevos problemas creados por la propia efectividad y evolución de la medicina".

"Cuando nuestro Código de Deontología refleja que 'el médico que actuara amparado por las leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente' también determina que aceptamos estar sometidos a unas leyes que, en contextos democráticos, representan necesariamente el posicionamiento de la ciudadanía. Ante esta responsabilidad legal, la profesión médica reclama una mayor atención por parte de los poderes públicos", ha explicado.

Respecto a la normativa española sobre eutanasia ha reflejado que los políticos no han contemplado el asesoramiento de la profesión para la elaboración de esta ley o para advertir de los problemas prácticos que puedan surgir en su aplicación y que tampoco han reflejado en la ley la forma concreta en la realización de la objeción de conciencia.

"Los profesionales necesitamos garantías y protección en este sentido. Ante la responsabilidad profesional, la profesión médica reclama jugar un doble papel. En primer lugar, poder garantizar que la eutanasia se pueda aplicar en las mejores condiciones para los pacientes y para los médicos", ha explicado.

En segundo lugar, reivindica más recursos y mejor organización a las Comunidades Autónomas y al Gobierno central "para que todos y cada uno de los médicos puedan activar estrategias de cuidados paliativos cuando sus pacientes ya no tiene opciones de éxito por medio de la asistencia convencional".

En el mismo sentido, el presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial (WMA) y presidente del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), el doctor Frank Ulrich Montgomery, ha reiterado la postura de oposición de oposición a la eutanasia y al Suicidio Asistido acordado en 2019 tras intensas discusiones en el Consejo, la Asamblea General de la AMM, los Grupos de Trabajo y varias Conferencias Regionales en todo el mundo.

En este sentido ha explicado que desde la Asociación Médica Mundial se considera que ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido, ni debe obligarse a ningún médico a tomar decisiones de derivación con este fin. Por otra parte, ha añadido que el médico que respeta el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de forma poco ética al renunciar o retener la atención no deseada.

Finalmente, ha explicado que el fundamento de estas enmiendas fue la exclusión de la culpa personal del comportamiento poco ético dirigido al médico individual y la inclusión del suicidio asistido por un médico.

FRANCIA: RECHAZO DE LOS SANITARIOS A UNA LEY DE EUTANASIA

El doctor Jean-Franois Rault, delegado general de Asuntos Europeos e Internacionales del Consejo Nacional de la Orden Médica de Francia (CNOM), ha expuesto que no existe un consenso social sobre las cuestiones del suicidio, asistido y eutanasia en el país galo, una postura que es más clara en el caso de los profesionales de la salud y las sociedades científicas donde existe una oposición amplia y firme a estas prácticas.

El representante de la profesión médica francesa ha hecho referencia a un documento del Comité Consultivo Nacional de Ética de septiembre de 2018 que resume la postura y propuestas sobre el final de la vida. Entre las cuestiones más destacadas ha señalado que se ponía de relieve que no era necesario modificar por el momento la ley existente sobre el fin de la vida (Ley Claeys-Leonetti) al haber sido aprobada recientemente con consenso y tras una intensa consulta.

Por ello considera que se debe de trabajar en dar a conocer, aplicar y respetar esta normativa, así como establecer un nuevo plan de desarrollo de cuidados paliativos para reducir las desigualdades territoriales y facilitar la organización regional de los cuidados paliativos y desarrollar una labor de investigación descriptiva y exhaustiva sobre situaciones excepcionales, a las que la legislación vigente no da respuesta, para ver si es necesario modificar la legislación.

EL NUEVO GOBIERNO ALEMÁN TENDRÁ QUE ABORDAR LA REGULACIÓN

El doctor Ramin Parsa-Parsi, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Asociación Médica Alemana en Berlín, ha relatado que, aunque las organizaciones de la profesión médica alemana han participado a menudo en debates sobre este delicado tema, tanto a nivel nacional como mundial, el Código Deontológico sigue siendo firme al respecto ya que "no es tarea de la profesión médica realizar el suicidio asistido, sino más bien "preservar la vida, proteger y restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, apoyar a los pacientes al final de la vida".

No obstante, y ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional Federal que insta al gobierno alemán a desarrollar un marco legal apropiado para abordar la falta de regulación resultante del suicidio asistido, los delegados han votado voa favor de la eliminación del siguiente párrafo: "[El médico] no puede realizar el suicidio asistido".

Respecto a la situación actual en Alemania, el representante de los médicos germanos ha explicado que algunas formaciones políticas han presentado propuestas de posibles regulaciones; sin embargo, debido a los desafíos de la pandemia en curso y la complejidad de este tema, tanto el ministerio de sanidad como la Comisión Parlamentaria del Bundestag no llevaron a cabo ninguna de las propuestas por este motivo y ante las elecciones federales que han tenido lugar en septiembre.

Por tanto, ha concluido "Alemania se embarca en la formación de un nuevo gobierno y este tema será sin duda uno de los desafíos a los que se enfrenta el parlamento alemán recién elegido".

HOLANDA, GARANTIZA LA TRANSPARENCIA CON RESPECTO A LA EUTANASIA

El doctor René Hemán, presidente de la Real Asociación Médica de los Países Bajos ha hecho referencia a la ley en su país sobre el final de la vida, promulgada en 2002 y de la que dijo "fue el resultado de muchas décadas de intensivas discusiones en la sociedad y el parlamento holandés en las que los médicos holandeses participaron activamente llegando a la conclusión de que apoyarían mejor a sus pacientes aplicando la eutanasia cuando esta se solicite voluntariamente y el paciente esté debidamente informado".

El doctor Hemán ha asegurado que esta ley establece requisitos como que el paciente padezca un sufrimiento insoportable y ninguna perspectiva de mejora; no exista alternativa razonable para la mejora de la situación del paciente; se produzca una valoración por parte de un segundo médico y exista consentimiento de un comité de evaluación independiente y, en última instancia, de la Inspección de Salud y Fiscalía.