La Ley de Equidad podría aumentar las listas de espera de primera consulta en un 153%, dilatando la espera 58 días más
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Equidad podría aumentar las listas de espera de primera consulta en un 153%, dilatando la espera 58 días más, y las listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102%, alargando la espera media en 75 días, señala un informe de la Fundación IDIS que analiza el enorme impacto que supondría prescindir de la colaboración privada-pública en sanidad, coincidiendo con su debate en el Congreso de los Diputados.
Así lo pone de manifiesto el informe que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha desarrollado, en el que analiza la aportación del sector privado y vislumbra el hipotético escenario para el sistema sanitario con la desaparición de la colaboración privada-pública.
"Esta hipótesis podría ser considerada tremendista, pero podría ser una realidad de atenderse las enmiendas de Unidas Podemos para dar apoyo a la Ley de Equidad, lo cual debería preocupar a administraciones y, por supuesto, a todos los ciudadanos", afirma Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.
"Si en la actualidad, hay 5 millones de personas en listas de espera, la situación del sistema público de salud sin el apoyo del sector privado sería insostenible. La sanidad tiene que ser gestionada de forma eficiente: esa es la principal necesidad, más allá de apriorismos, para que los españoles puedan tener acceso a una asistencia sanitaria de calidad", continua.
La publicación de este informe coincide en el tiempo con el próximo debate y votación del anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Congreso de los Diputados, que en su artículo primero contempla la gestión directa de la sanidad pública como preferente, considerando una excepcionalidad, bajo justificación, la concertación con el sector privado.
Bajo el título 'Aportación del sector privado al sistema sanitario', el documento advierte del importante impacto que tendría para la asistencia al paciente la eliminación total de los conciertos; además de la mencionada accesibilidad a los servicios asistenciales, en forma de aumento de las listas de espera, generaría un aumento de los índices de ocupación hospitalaria hasta llegar al 85% (actualmente se encuentran en el 70,6%).
Pero además evalúa cuál sería el impacto en el gasto sanitario público y lo estima en un aumento de coste de hasta 1.200 millones de euros; este dato se obtiene al estimar que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de un 25 y 35% superior respecto de los costes derivados de la colaboración privada-pública, dado que todos los pacientes que hoy son atendidos en centros concertados deberían ser asumidos por centros públicos.
Esta cifra podría superar los 2.700 millones de euros en caso de asumirse la totalidad de la actividad actualmente concertada por el sistema público, suponiendo que la prestación pública tiene un coste 25 por ciento superior para toda la actividad.
El informe hace referencia, asimismo, a la necesidad de acometer una serie de inversiones en el corto-medio plazo para ampliar la capacidad de atención, si se prescinde de los recursos del sector privado, ya que, el sistema público tendría que asumir cerca de 6 millones de estancias hospitalarias y de 11 millones de consultas, haciéndose cargo asimismo de cerca de 800.000 pruebas diagnósticas.
Tal como recoge este análisis, una de las mayores aportaciones del sector privado son sus recursos: el sector hospitalario cuenta con 432 hospitales y 49.861 camas de hospitalización, de los cuales 271 hospitales y 36.777 camas tienen algún tipo de concierto.
"Gracias a estos recursos, libera carga del sistema público y reduce la presión asistencial: en 2020, los hospitales privados con conciertos sustitutorios, integrados en la red de utilización pública o conciertos parciales, llevaron a cabo cerca de 574.000 intervenciones quirúrgicas (15,9% del total); más de 10 millones de consultas (11,6% del total), atendieron cerca de 2,5 millones de urgencias (11,8% del total) y más de 550.000 altas hospitalarias (12,2%)", afirma el docuemnto.
A la vista de esta actividad, Marta Villanueva señala que "no debemos olvidar que los acuerdos de colaboración privada-pública en el sector sanitario son un mecanismo para mejorar el acceso, la provisión y la calidad de los servicios de salud y, aportan beneficios al sector público en términos de reducción de costes y de riesgos; para el sector privado, representan un incremento de la actividad y, para los ciudadanos, acceso a más y mejores servicios sin que ello implique mayor presión fiscal".
