Publicado 14/06/2022 10:23

La ley de equidad del Gobierno cierra la puerta a nuevos copagos y evita que se privatice la sanidad pública

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la Comisión de Sanidad y Consumo, en el Congreso de los Diputados, a 2 de junio de 2022, en Madrid (España). Su comparecencia tiene como objetivo informar sobre las acciones llevadas a cabo frente al COVID-19 y
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la Comisión de Sanidad y Consumo, en el Congreso de los Diputados, a 2 de junio de 2022, en Madrid (España). Su comparecencia tiene como objetivo informar sobre las acciones llevadas a cabo frente al COVID-19 y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se evita que se privatice la sanidad pública y se garantiza y la asistencia sanitaria universal.

La aprobación de esta norma fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Cártama (Málaga) donde aseguró que la ley servirá para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y evitar que "no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma".

En concreto, el anteproyecto de ley, según ha podido saber Europa Press, "blinda" el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un modelo de gestión directa; y modifica varias normas anteriores entre las que se encuentran la ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.

Del mismo modo, con esta normativa se va a poder garantizar la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, al tiempo que se amplía el derecho a otros colectivos como, por ejemplo, personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

Este anteproyecto amplía también la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables (al igual que ha hecho con los copagos farmacéuticos) como las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. Unos 6 millones de personas. También recupera la cartera común de servicios única y se cierra la puerta a nuevos copagos.

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