MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Justicia Alimentaria se ha reunido este viernes con la directora general de Consumo del Gobierno, Bibiana Medialdea, con lo que han abordado los problemas derivados de la mala alimentación y a la que han pedido cambios legislativos, como una modificación en la fiscalidad alimentaria para beneficiar a la salud, bajando el IVA de los alimentos saludables y subiendo los impuesto a los alimentos más insanos, como las bebidas azucaradas, bollería industrial, carnes procesadas, etc.
"Hacen falta políticas públicas encaminadas a reducir el consumo de alimentos procesados, que antepongan la salud de la población a los intereses de la gran industria alimentaria", señalan en un comunicado. Asimismo, Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, ha pedido "acabar con el retraso que llevamos respecto a otros países de la Unión Europea en este tipo de acciones".
Para la organización la alimentación insana es el "principal problema sanitario" del Estado. "La dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problemas causa en nuestra salud y es responsable del 21 por ciento de las muertes evitables. Por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos cinco a causa de la alimentación insana y sus riesgos asociados", recuerdan.
Entre otras medidas, también han pedido a Consumo propuestas concretas de regulación de la publicidad infantil de alimentos insanos; regulación del conflicto de interés de manera estricta y transparente entre la industria alimentaria y las entidades científicas vinculadas a la salud y/o nutrición; y valorar la propuesta NutriScore y explorar otros tipos de etiquetado (el sello chileno, por ejemplo).
Asimismo, la regulación de la venta en farmacias de productos procesados destinados a la población de 0-3 años (leches de fórmula y potitos), etiquetado claro con el tipo de ingredientes que lleva cada producto, campañas de promoción de la alimentación no procesada, regulación del conflicto de intereses.
También consideran como un "elemento imprescindible" el desarrollo de catalogación de alimentos para poder elaborar el resto de políticas que penalizan a los alimentos insanos y premia a los saludables. Asimismo, eliminar el sistema de venta de alimentación insana de los espacios públicos, como los centros educativos y los hospitales a través del vending.
También proponen la compra pública alimentaria "como motor para revitalizar los sistemas alimentarios locales y acabar con un tipo de alimentación altamente procesada, de larga distancia y servida por grandes empresas de catering"; la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica y del uso colectivo de antibióticos en la producción animal con finalidades profilácticas; y acabar con eslóganes como fresco, saludable, hecho en casa, auténtico, real, artesano o directo del campo.
