PP-A critica que esta selección se haya hecho "con criterios economicistas" y que no esté "avalada" por la Agencia de Medicamentos
SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha recordado este martes que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha medidas innovadoras para garantizar la eficiencia de la política farmacéutica. En la comisión parlamentaria, la titular de la Consejería ha insistido en que el ahorro estimado para consumo anual de los medicamentos incluidos en el acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos podría ascender a entre ocho y diez millones de euros.
"Esta medida viene a avanzar en las políticas farmacéuticas desarrolladas desde Andalucía, que buscan la eficiencia y la eficacia sin mermar la calidad de la atención que se presta a los ciudadanos", ha dicho la consejera.
El programa de selección de alternativa terapéutica para algunos grupos de enfermedades en hospitales andaluces "es una medida basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional, enmarcada en la Ley de Farmacia de Andalucía", ha señalado durante su comparecencia, toda vez que ha detallado que los principios activos que entran en estos procesos de selección "se destinan a su uso en tratamientos de inicio y para todos aquellos pacientes para los que no existan factores clínicos que condicionen la elección, como es el caso de las intolerancias y las alergias".
Además, ha asegurado que el facultativo podrá optar por el principio activo del grupo que estime "más conveniente, aunque no haya sido el seleccionado en el proceso". En este sentido, "el sistema de selección de medicamentos no supone limitación o traba a la libertad de prescripción de los sanitarios", defiende.
Así, explica que la evidencia científica disponible y el consenso profesional han permitido identificar un total de 22 lotes de principios activos constituidos por grupos o conjuntos de medicamentos que, "no siendo idénticos en su composición porque tienen diferente composición química, sí tienen una actividad farmacológica y terapéutica similar", afirma.
Asimismo, la consejera ha recordado que la puesta en marcha de esta nueva medida se inició el pasado mes de julio cuando, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, salió a licitación pública el proceso de adjudicación. Se abrió de este modo el proceso de selección para la presentación de ofertas, un proceso que deberá culminar con un acuerdo marco entre los laboratorios participantes que resultasen seleccionados y la administración. El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado lunes 30.
En este sentido, la consejera ha explicado que el pasado 11 de septiembre el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), organismo vinculado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, dictó una resolución en la que se acordaba adoptar la medida provisional de suspensión solicitada por una decena de empresas y asociaciones, una decisión que "no afecta al plazo concedido para la presentación, que continuó hasta el 30 de septiembre".
Por último, ha señalado que no hay aún un balance de este procedimiento y que "se va a esperar un plazo prudente para valorar cómo se han posicionado los distintos laboratorios y empresas de farmacia". Además, ha querido dejar claro que la suspensión "no ha supuesto un retraso en el contrato ni un perjuicio grave en los otros licitadores", y que "va a dar a todos más garantía jurídicas". "Esperamos que se resuelva a la mayor brevedad", porque la medida "pretende que con el mismo valor terapéutico se pueda hacer más eficiente el resultado", manifiesta, al tiempo que ha insistido en que en materia de farmacia "lo que se quiere es buscar soluciones sin mermar la eficacia terapéutica y mejorar la eficiencia en cuanto al coste".
Por su parte, la diputada popular Rosalía Espinosa ha mostrado su "esperanza" en un cambio en el rumbo de la Consejería para que se "acabe la confrontación, se rectifiquen las subastas de medicamentos y se llegue a acuerdos y a buscar la mejor atención y mejor farmacia para los enfermos", toda vez que ha puesto de relieve la preocupación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y del Consejo Español, que "no están de acuerdo ni tranquilos con esta segunda subasta".
GOBIERNO CENTRAL ESTUDIA "SI SE INVADEN COMPETENCIAS ESTATALES"
Espinosa ha señalado, además, que a juicio del Gobierno central, con esta segunda subasta "se está interfiriendo en competencias estatales", y afirma que se ha suspendido el procedimiento de adjudicación del acuerdo porque "de continuar el procedimiento podría no ser posible el cumplimiento de una resolución favorable a los recurrentes". Además, ha asegurado que el Gobierno español "está estudiando si esta nueva subasta invade competencias estatales y va contra la equidad y el derecho al mejor tratamiento". "Ya veremos si los servicios jurídicos ven necesario un nuevo recurso ante Tribunal Constitucional", añade.
Además, Espinosa destaca que "tal como se ha llevado hasta ahora, la primera subasta no ha salido bien, y esta segunda ha sido suspendida por un tribunal administrativo andaluz, ha preocupado a la sociedad de enfermos y patronales y está recurrida porque ven con preocupación esta nueva norma, que según los profesionales puede afectar al tratamiento de enfermos".
Además, destaca que es una selección con "criterios economicistas, no avalada por la Agencia Española de Medicamentos", y dice que están "preocupados por la libertad de prescripción que debe tener un médico", un extremo que ha negado la consejera, quien ha dicho que "no merma" dicha libertad. "El médico va a poder seguir prescribiendo un medicamento a pesar de no ser seleccionado, si hay factores clínicos que los justifiquen", reitera Sánchez Rubio, quien advierte de que "no podemos transmitir a la ciudadanía la sensación de desatención en el ámbito de los hospitales".
Asimismo, Espinosa ha señalado que el ahorro de diez millones que supone esta selección "no es tan importante, si ponemos en la balanza la cantidad de dudas en los médicos y en la sociedad científica" que provoca esta selección. Del mismo modo, critica que esta decisión "no se haya hablado con nadie", y se trate "de otra política de confrontación con el Gobierno de España". Así, afirma que es el momento de que Andalucía "reme al compás de las otras comunidades autónomas en busca de un mejor futuro y una sostenibilidad de la farmacia sanitaria".
