El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios con motivo del comité del Infoca. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS
SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes la creación de un comité de emergencia de salud pública como el que se diseñó para la pandemia a fin de abordar en él brotes como el de listeriosis como consecuencia del consumo de carne mechada contaminada de la empresa Magrudis. Tras el brote de listeriosis, "ha sido mucho el aprendizaje" y se han "reforzado" los controles.
En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha confirmado que se está trabajando en el texto normativo que dará forma a este comité, en el que participarán los "mayores expertos" en la materia para "prevenir, reaccionar y planificar" acciones ante cualquier crisis. "La listeriosis fue un punto de inflexión", ha sostenido el vicepresidente primero y consejero, que ha recordado que la Junta se personó como acusación particular en el caso Magrudis, sobre el que este viernes se produce la primesa sesión del juicio.
El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos tiene prevista su primera sesión este viernes, 16 de octubre. Es la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla la encargada de enjuiciar esta causa, dirigida contra los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal investigada en la causa.
Será un total de 43 las sesiones y se prevé concluir el 27 de enero de 2027. De hecho, los tres primeros días, esto es del 16 al 19 de octubre, estarán dedicados únicamente al planteamiento de las cuestiones previas. Ello, tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro para el puesto de ponente del tribunal y la designación en 2024 de José Luis Ramírez Ortiz como nuevo ponente. No obstante, según señalaba la Sección Séptima, tras el cese del anterior se designó, de acuerdo con el turno establecido, a Alejandro Vián Ibáñez, encargado finalmente de la causa.
Así las cosas, el procedimiento se dirigirá contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario.
También será orientado contra Sergio L.G., por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal. Asimismo, el procedimiento se destina contra las mercantiles Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L., así como contra las compañías aseguradoras AXA S.A., AIG Europe S.A. (sucursal en España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, declaradas responsables civiles en la causa.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario, ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal. De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. De este modo, la Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa.
La Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
