VALENCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 10 de Valencia ha alzado la medida cautelar impuesta el pasado mes de marzo y confirmada en abril a la Conselleria de Sanidad para que proveyera de material de protección frente al coronavirus a los centros sanitarios al recibir un informe del Subsecretario de este departamento en el que se acredita la relación de entregas de esos medios de protección, una certificación de la adquisición y la distribución por la provincia.
Así consta en un auto del juzgado de fecha 12 de junio, consultado por Europa Press, en el que esta instancia judicial acuerda alzar la medida cautelar, a petición de la Conselleria de Sanidad, frente a la que se había opuesto el Sindicato Médico CESMCV, que había iniciado el procedimiento.
Según consta en la resolución, el Subsecretario aportó el 27 de mayo una documentación en la que figura la relación de entregas de medios de protección individual a los distintos centros médicos, ambulatorios y hospitales de la provincia de Valencia, junto con albaranes de entrega, certificando "no solo la adquisición del citado material sino también su distribución en los centros sanitarios de la provincia".
A la vista de esta documentación, el juez considera que han variado "sustancialmente" las circunstancias que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar, "al contar los médicos de la sanidad pública de la provincia de Valencia de los citados medios".
De esta forma, el juzgado atiende a la petición de la Conselleria de Sanidad, tras varios autos en los que le daba una serie de plazos para dotar de ese material a los médicos y tras rechazar en dos ocasiones sus informes, la última a principios de mayo, al entender que la documentación facilitada por la administración no era suficiente para constatar que los médicos y sanitarios contaran con el material necesario para su protección.
En su primera resolución, al inicio de la crisis sanitaria, el juzgado pidió a Sanidad que, con carácter urgente e inmediato, dotara a los centros sanitarios --hospitales, centros de salud, SAMU, PAC, etc-- de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, "para garantizar la salud y protección de los profesionales sanitarios".
CESM-CV efectuó esta petición "por razones de urgencia y salud pública" y alegaba la falta de entrega de EPI por la Conselleria al personal sanitario que le permitiera trabajar "en condiciones mínimas de protección de su derecho a la salud e integridad física" lo que, a su juicio, podía suponer "contravención o infracción de la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales e, incluso, ser constitutivo de ilícito penal".
