MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de la capital ha tomado declaración en calidad de imputados, a dos médicos y a dos sanitarios del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, así como a la directora de la empresa que gestiona la institución, en el marco de la investigación por la muerte de Samba Martine, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una nota de prensa.
Las citadas declaraciones responden al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que el pasado 14 de enero acordó continuar la instrucción de la causa hasta que se practicaran las diligencias de averiguación solicitadas por las partes, encontrándose entre ellas las declaraciones que tuvieron lugar el pasado día 2.
En dicho auto fechado a finales de enero, al que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia ordenó la reapertura de la causa penal por la muerte de Samba, fallecida el 19 de diciembre de 2011 en CIE de Aluche, estimando así los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo Madrid, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Samba Martine llegó al CIE de Madrid el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le habían realizado analítica de VIH que dio positivo.
En los 38 días que permaneció encerrada en el CIE de Aluche requirió asistencia médica, al menos, en diez ocasiones, sin que en ningún momento se le practicara prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar su mal estado de salud, han señalado los recurrentes.
El juez considera que la investigación se archivó indebidamente, sin indagar los múltiples indicios de posible responsabilidad penal por parte del servicio médico del CIE.
Menciona, entre otras cuestiones, que el examen médico inicial que según la normativa vigente debe practicarse al ingreso y en el cual se señala que Samba Martine estaba "bien" "no parece comparecerse con los requerimientos del precepto", máxime cuando ese mismo día la fallecida acudió a los servicios médicos por encontrarse mal.
El auto valora la existencia de testigos que atestiguarían que llevaba tres semanas enferma con importantes padecimientos. Además, la historia clínica manuscrita no coincide con el informe remitido por los servicios médicos, contradicciones que, según la Audiencia, "aparentemente tratan de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves y no fueron tomados en consideración", etc.
El órgano judicial afirma que aunque no es aún momento procesal para condenar o absolver, sí lo es "para valorar si contamos con el material probatorio necesario para conocer lo realmente ocurrido que permita, en conclusión, un pronunciamiento sereno sobre si existió, o no, responsabilidad penal del personal facultativo del CIE".
"Y ello porque si este personal hubiera dejado de indagar suficientemente las causas del mal estado de la interna, dicha insuficiencia pudiera haber transformado el riesgo de morir de una infección, en un riesgo que rebasa las fronteras de riesgo permitido, en un riesgo prohibido e imputable a los facultativos en cuestión", ha indicado el magistrado, que concluye que "es posible que así ocurriera", por lo que revoca el sobreseimiento y ordena al juez Instructor que continúe la investigación.
