MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, decretó esta noche el ingreso en prisión incondicional para el ex responsable de Gestoras pro Amnistía, Juan María Olano, como inductor de los delitos de desordenes públicos, coacciones y estragos, por los 114 actos violentos ocurridos durante el pasado jueves a consecuencia de la jornada de huelga convocada por la ilegalizada Batasuna, entre los que menciona la colocación de cuatro artefactos explosivos en carreteras de acceso al País Vasco, informaron esta noche fuentes jurídicas.
El juez afirma en su resolución que "en grado de seria probabilidad" los hechos ocurridos durante "la huelga fueron exigidos por el frente militar de la organización terrorista ETA y posteriormente orquestados y planificados por su frente político e institucional, frente de masas, del que Juan María Olano, resulta dirigente y habiendo mantenido una postura activa".
El auto de prisión dictado agrega que "buena prueba" de ello es que "participó en distintas concentraciones y manifestaciones verificadas en los días previos y, lo que es más importante, tomó parte activa con un papel preferente en la rueda de prensa del 5 de marzo, donde se hacía el llamamiento público a la jornada finalmente planificada".
El juez decreta prisión a pesar de que los fiscales Juan Miral y Jesús Alonso no pidieron ninguna medida contra él, en base a la gravedad de los hechos imputados, la pena que llevan aparejados y el patrimonio incriminatorio que incurre en la persona de Olano, que está procesado en la causa contra Gestoras pro Amnistía y huyó a Francia, donde tuvo que ser extraditado a España.
El juez también destaca el pronóstico razonable de reiteración delictiva que incurre en el caso de Olano ya que desde septiembre de 2005, fecha en la que quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros, aunque posteriormente se redujo a 60.000, ha vuelto a incurrir en conductas similares a las que motivaron su primer ingreso en prisión.
Olano, se negó a contestar a ninguna pregunta ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. A pesar de que llegó a la Audiencia Nacional acompañado por casi una decena de abogados, entre ellos Arantza Zulueta, también imputada y que declarará mañana, fue representado por Jone Goirizelaia. Además, Iñako Goyoaga y Kepa Landa asistieron en representación del resto de imputados.
Estaba previsto que el primer imputado en declarar por los actos violentos de la jornada de huelga convocada por Batasuna fuera el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pero una bronquitis le impidió comparecer el pasado lunes como estaba previsto. Mañana continuarán declarando ante el magistrado la abogada Zulueta, el secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, y los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.
PETICIÓN DE PRISIÓN
Tras negarse a declarar, se celebró una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que las dos acusaciones personadas en la causa, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, pidieron al juez el ingreso en prisión incondicional de Olano, mientras que los fiscales Juan Moral y Jesús Alonso no solicitaron para él ni siquiera medidas cautelares.
El abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, en nombre de la acusación que ejerce la AVT, basó su petición en la reiteración delictiva y en que participó, como inductor, en los más de 80 ataques o actos vandálicos cometidos en el País Vasco desde que se convocó la huelga del pasado día 9 y ésta se celebró.
Además, alegó riesgo de fuga, ya que Olano, que se negó a declarar ante el juez, se fugó a Francia, cuando se investigaba la causa contra Gestoras. Fue detenido en Bayona el 3 de diciembre de 2001 y extraditado a España el 13 de noviembre de 2003. Desde el pasado 20 de septiembre se encontraba en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
Por su parte, el abogado Joaquín Ruiz Infante, en nombre de la acusación que ejerce Dignidad y Justicia, justificó el ingreso en prisión de Olano en que pertenece a Batasuna y contribuye a su actividad, cuya ilicitud fue declarada por el magistrado el pasado 17 de enero. Como prueba de esta pertenencia, la asociación esgrime que participó en la presentación del documento "Por encima de las agresiones, hacia un proceso de resolución del conflicto" que firmaba Batasuna, entre otras organizaciones.
PLURALIDAD DE HECHOS DELICTIVOS
El auto, en el que el juez cita a declarar a los dirigentes de Batasuna, afirma que "se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional". El magistrado consideraba a los imputados inductores de estos actos.
En este sentido, el juez explicaba que la jornada, "que se denominaba de 'huelga', sin justificación conocida", excepto "el fallecimiento de (los miembros de ETA) Igor Angulo y Roberto Saiz Olmos, no venía avalada por partido político legalmente constituido, y como tal, residente de un interés social constitucionalmente reconocido".
"Si bien es cierto -precisaba el magistrado-, que en cierta medida viene auspiciada por el sindicato LAB, su propio lema 'Dispersión asesina' no encaja suficientemente con los principios que de forma esencial deben regir la actuación de organización de tal naturaleza de los derechos de los trabajadores". Agregaba que "buena prueba" de ello es que la huelga fue anunciada por Otegi y Barrena los pasados días 5 y 7, mientras que representantes de LAB se limitaron a apoyar el llamamiento público.
Según el juez, la colocación de cuatro artefactos explosivos por parte de ETA, "independientemente de poder conformar un elemento" que prueba el desdoblamiento de frentes de ETA y la consolidación de Batasuna como frente político institucional, le obligaba a tomar declaración a Otegi y los demás imputados.
