MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, no ve "contradicción alguna" entre su decisión de no impugnar la Ley de Libre elección de médico y área única de la Comunidad de Madrid y la posición del Partido Socialista de Madrid (PSM) en contra de la misma.
"No veo contradicción alguna, más bien ejercicio legítimo de la defensa de intereses, cada uno en sus respectivos ámbitos, lógicamente", manifestó Jiménez en Los Desayunos Informativos de Europa Press.
La ministra señaló que no ha tenido más ocasión que la de trasladar al PSM la decisión del Ministerio de no llevar al Constitucional esta ley del Gobierno de Esperanza Aguirre, pero no ha percibido "ningún tipo de malestar". "Ellos han querido emprender una determinada defensa de unos intereses en el ejercicio de sus competencias de oposición y creo que, legítimamente, pueden hacer planteamientos en el sentido de la defensa de un determinado modelo que consideran legítimo, que no es incompatible con la posición del Gobierno", insistió.
En este sentido, Jiménez explicó que su departamento estudió cómo estaba articulada la nueva Ley de libre elección de médico, como hace con todas las leyes y todos los desarrollos normativos que hacen las comunidades autónomas que tiene que ver con la Sanidad y la Política Social, que se tienen que adecuar a las leyes generales dentro del Estado.
"Lo estudiamos y lo miramos porque había unas reservas iniciales que le trasladé al propio consejero de la Comunidad de Madrid, que nos ofrecían dudas respecto a si garantizaban la participación, la proximidad al ciudadano, la continuidad asistencial... Dudas que son razonables que planteemos a todos los consejeros cuando hacen un desarrollo normativo específico", estimó.
Y "después de darle muchas vueltas", se tomó la decisión tras considerar dos elementos. Por una parte, "la voluntad del consejero de tener en cuenta las consideraciones del Ministerio en el sentido de abrir un proceso de diálogo en el desarrollo reglamentario posterior y tener la oportunidad de dar satisfacción a todas esas preocupaciones que nosotros le planteábamos de acuerdo con la Ley General de Sanidad", explicó.
Por otro lado, continuó, las bases jurídicas para dicho recurso. "No solamente como ministra sino también como jurista tengo la obligación de considerar si hay bases jurídicas suficientes en base a los informes de la Abogacía del Estado y el Ministerio de Política Territorial para recurrir. Cuando un gobierno toma una decisión de recurrir al Tribunal Constitucional de impugnar una determinada ley tiene que ver qué bases jurídicas tiene para hacer prosperar esa impugnación", declaró Jiménez.
"Consideré y consideramos, junto al Ministerio de Política Territorial --que es el competente para tomar una decisión de estas características-- la voluntad del consejero de tener en cuenta en el desarrollo reglamentario las objeciones que le planteamos desde el Ministerio de Sanidad y el que hubiera una base jurídica suficiente", insistió.
Así, en cuanto a la "decepción" mostrada por el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por la decisión de su compañera de partido de no impugnar, la ministra insistió en que ambos están en "ámbitos políticos diferentes". "El ámbito de gobierno del Ministerio de Sanidad y el ámbito legítimo del ejercicio de la oposición para el cumplimiento de unos determinados fines e intereses. Son perfectamente posibles", añadió.
"Afortunadamente, nuestro país es un país muy consolidado desde el punto de vista democrático y permite la defensa de unos determinados objetivos, dependiendo de una determinada posición, como la nuestra desde el gobierno", indicó.
