ESTRASBURGO (FRANCIA), 18 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, defendió en el pleno de la Eurocámara impulsar la creación de una estructura común europea para garantizar la "calidad y seguridad" en la donación y trasplante de órganos, y combatir así lo que denominó "el turismo de trasplantes".
Durante el debate sobre la propuesta de directiva que pretende armonizar los criterios sobre los trasplantes en toda la UE, la ministra española puso de relieve su importancia para reducir las listas de espera porque, a pesar del incremento en la donación registrado durante los últimos años, se calcula que hay actualmente 56.000 pacientes en la UE pendientes de recibir un órgano adecuado, y que muchos fallecen sin haberlo recibido.
Jiménez recordó que existen en el conjunto de la UE 18 donantes por cada millón de habitantes y que si esta cifra aumentara hasta los 34 donantes por millón que tiene España o los más de 30 de Portugal se salvarían 20.000 vidas más al año y se podrían librar de la diálisis otras 2.000 personas. "En ningún momento hay que olvidar que sin donantes no hay transplantes", dijo.
Defendió, pues, impulsar una estrategia común de la UE para lograr "la mayor estructura del mundo" de trasplante de órganos con garantías de "calidad y seguridad" en todo el proceso. Para ello, la Comisión Europea presentó en 2008 la propuesta de directiva debatida este martes y que se votará mañana para establecer un marco jurídico común para limitar los riesgos en el uso terapéutico y armonizar los criterios en toda la UE.
En segundo lugar, se ha diseñado un Plan de acción para reforzar la cooperación entre los Estados miembros con un triple objetivo: aumentar la disponibilidad de los órganos, potenciar la accesibilidad y mejorar calidad y seguridad. "Con ambas iniciativas logramos un marco europeo que incorpora no sólo los mejores elementos compartidos sino también las mejores prácticas organizativas y asistenciales", continuó Jiménez.
También destacó del futuro modelo europeo sus valores de "solidaridad, equidad y cohesión" que contribuyen, destacó, a la "autosuficiencia" y permiten "combatir el turismo de trasplantes". En definitiva, pidió a la Cámara de Estrasburgo lograr un acuerdo para dar cobertura a 500 millones de personas promoviendo la equidad en el acceso a los tratamientos.
Por su parte, el comisario de Sanidad y Consumo, John Dalli, subrayó que la futura normativa traza un marco jurídico para garantizar los requisitos de seguridad y calidad, mientras que el Plan de acción quiere promover la disponibilidad de órganos y la eficacia del transporte.
A su juicio, el texto de la CE respeta los principales ejes trazados por el informe del Parlamento y destacó entre los puntos más importantes que la donación sea voluntaria y no remunerada pero que la gratuidad no impida a los donantes en vida que se le cubran sus gastos, como la pérdida de ingresos durante su hospitalización. Asimismo defendió que tiene que haber un sistema "eficaz" con centros de trasplantes garantizados y un sistema de "trazabilidad" y de asignación de órganos.
CRITERIOS TRANSPARENTES
También compartió la visión del Parlamento de que los criterios han de ser "transparentes, científicos y claros", así como que se reconozca que, en la mayoría de los Estados miembros, la donación en vida coexiste con la donación postmortem. Dalli se mostró por ello convencido de que se llegará a un acuerdo con la Eurocámara en primera lectura.
Al igual que Jiménez consideró la directiva como una buena herramienta para luchar contra el tráfico ilegal de órganos, si bien admitió que no es la solución a "todos los problemas" porque también los Estados miembros y los centros hospitalarios tendrán que esforzarse.
El acuerdo entre la Eurocámara y el Consejo introduce unos estándares mínimos de calidad y seguridad para facilitar las donaciones y los transplantes e impulsar el intercambio de órganos entre los Estados miembros.
El ponente parlamentario es el eurodiputado eslovaco del PPE Miroslav Mikolasik. En caso de que el voto del pleno sea favorable, los Estados miembros tendrán dos años para transponer esta directiva a la legislación nacional.
Entre las novedades que introduce la directiva figura la de una autoridad competente en cada país responsable de la calidad y la seguridad de los órganos humanos utilizados en los trasplantes. Asimismo, se exigirá a los Estados miembros que garanticen una formación mínima adecuada del personal sanitario implicado en el proceso de donación.
Según el compromiso alcanzado, las donaciones deben ser "voluntarias y no remuneradas". En el caso de órganos procedentes de donantes vivos, se podrán autorizar pagos limitados exclusivamente a compensar los gastos que implique la donación. Los Estados miembros prohibirán la publicidad sobre la necesidad o disponibilidad de órganos humanos cuando el objetivo sea el beneficio económico.
