Actualizado 24/02/2012 19:07:57 +00:00 CET

La Izquierda Plural presenta una propuesta en el Congreso para frenar la privatización de la sanidad

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural, formado por IU, ICV-EUiA y CHA, ha presentado una proposición de ley para garantizar que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea de titularidad pública y, asimismo, sólo se puedan establecer acuerdos con entidades privadas sin ánimo de lucro y siempre de forma excepcional y "necesitados de justificación".

Así se desprende del texto remitido a la Mesa de la Cámara Baja para su debate en el pleno, con el que pretenden modificar la actual Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa responde a la "campaña generalizada" puesta en los últimos años en algunas comunidades para "desprestigiar y desmantelar" la sanidad pública, introduciendo "nuevas formas de gestión empresarial" que, "con la disculpa de innovar", buscan "privatizar los sistemas sanitarios públicos y una oportunidad de negocio".

Y, según advierte la Izquierda Plural, "los grandes perdedores de estos cambios serán los ciudadanos", ya que "la calidad de los servicios sanitarios empeorará y los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores".

Por ello, en su proposición de ley apuestan por un cambio normativo por el que "los acuerdos o convenios con entidades privadas tengan carácter supletorio y lo sean exclusivamente con aquellos sin ánimo de lucro".

"Deben ser excepciones a la regla de la gestión pública directa y, por ello, necesitados de justificación concreta para su admisión", reza la propuesta.

El objetivo, explican en esta iniciativa, es que la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria se lleven a cabo "directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho".

Asimismo, proponen que sea el Gobierno, mediante Real Decreto, y las comunidades autónomas, "en los ámbitos de sus respectivas competencias", quienes determinen las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de estos centros, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas".

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