MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado este miércoles ante la Defensora del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Sanidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A su juicio, este nueva normativa es un proyecto de "involución" y "no de sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS) --como así lo ha nombrado el Ejecutivo-- y, además, "rompe" el actual modelo universal sanitario al establecer "repagos" que dificultan la igualdad en la Sanidad de todos los ciudadanos españoles.
"Es un nuevo Decreto discriminatorio y de desmantelamiento del SNS. No puede ser que la crisis sea utilizada como excusa para asaltar derechos como el de sanidad", ha recalcado Llamazares para denunciar que el Gobierno se esté "cebando" con los ciudadanos "más débiles" y esté demostrando "ser un cobarde".
En este sentido, el diputado de IU ha criticado que no se vaya a dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, a los mayores de 26 años sin empleo asegurado anterior y a los pensionistas, quienes, ha apostillado, "no sólo ven mermada su escasa pensión", sino que tendrán que adelantar el pago "antes de que se les apliquen los límites de renta".
POSIBLE FINANCIACIÓN MIXTA DEL SNS
Asimismo, Llamazares ha avisado de que el programa de recaudación y gestión de los "repagos" farmacéuticos es "el primer paso" para la financiación mixta del SNS dado que, a su entender, si fuera financiación adicional --tal y como asegura el Gobierno-- se podría realizar a través de los impuestos generales que se corresponden con el carácter universal del sistema.
"Lo que se pretende no es sólo que los ciudadanos contribuyan directamente, sino que se introduce una mercantilización del sistema sanitario alternativa al principio de necesidad, que va mucho más allá de las prestaciones iniciales y que avanza hacia una financiación mixta correspondiente al nuevo modelo de seguros. Además, el cruce de datos de renta no sólo es complejo, sino que es escasamente representativo e introduce dudas legítimas sobre la protección de datos personales", ha recalcado el dirigente de IU.
Dicho esto, Llamazares ha asegurado que la exclusión de determinados grupos sociales contribuirá "notablemente" a aumentar la carga global de enfermedad, debido a que la incidencia y prevalencia de patologías, "estrechamente asociadas" a la privación y la "desventaja" social, son "mucho más elevadas" que en el conjunto de la población.
Así, ha insistido en que el Decreto modifica y limita derechos y libertades de los extranjeros y de los españoles que están reconocidos en leyes superiores como, por ejemplo, la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo, la Ley General de Sanidad, la normativa de Salud Pública o la Ley de Protección de Datos.
LA DEFENSORA TIENE YA CASI ELABORADO EL INFORME
Por todos estos motivos, Llamazares junto a la diputada Caridad García ha acudido a la Defensora del Pueblo para pedirle que presente este recurso de inconstitucionalidad ya que su partido no cuenta con los diputados suficientes --se necesitan unos 50 diputados o senadores-- para recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional (TC).
En este sentido, el dirigente de IU ha informado de que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, les ha comunicado que ya tienen prácticamente elaborado el dictamen, que se conocerá en los próximos días, y que "o bien deciden recurrir o bien plantean una serie de recomendaciones" al Gobierno.
Sin embargo, Llamazares ha reconocido ser "escéptico" ante la posibilidad de que el Ejecutivo retire el Real Decreto, si finalmente se lleva a trámite este recurso y el TC lo acepta, aunque ha avisado de que van a utilizar "todos los mecanismos democráticos" --el parlamento, la Defensora del Pueblo y la calle-- para evitar que "paguen la crisis los que no lo han creado" y los que, además, están en una situación "más frágil".
"Algunas comunidades autónomas ya están recurriendo y, algunas de ellas, el recurso ya sido tomado en consideración. Además, los ciudadanos también están tomando todo tipo de iniciativas para recurrir un Decreto que lesiona sus derechos, al igual que también lo están haciendo las organizaciones de derechos sanitarios y los pacientes y profesionales del sector", ha zanjado Llamazares.
