MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha registrado este jueves una proposición no de ley en el Congreso en la que plantea la adopción de aquellas reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cannabis.
Se trata de una iniciativa, que ha sido presentada a través de sus diputados, Gaspar Llamazares, Ricardo Sixto y Álvaro Sanz, para su debate en pleno y comisión, y que promueve también la creación de una ponencia para el Estudio del Problema de las Drogas, en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España.
La iniciativa parlamentaria de IU propone también la necesidad de un "estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos", de gran influencia en ciudades como Barcelona.
"Allí, una reciente sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial insta también a las instituciones a fijar 'un marco normativo claro' sobre 'una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad'. Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones", apostilla el fallo del que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal.
UN MARCO NORMATIVO
Para su solicitud, la formación de izquierdas toma como referencia un informe hecho público recientemente en Nueva York por la 'Comisión Global de Políticas sobre Drogas', de la que forman parte el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, un grupo de ex presidentes de gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional.
En él se subraya la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas de 2016 suponga un "cambio radical" en la manera en que se aborda la cuestión de la despenalización del consumo y posesión de sustancias a nivel internacional.
A juicio de IU, el debate sobre el cannabis y sus derivados está de "absoluta y plena actualidad" y, para muchos, no es propio mantener la vieja política prohibicionista en materia de drogas entrado ya el siglo XXI.
"Es cada día más evidente y, en todo caso, se trata de educar y no de prohibir. La postura prohibicionista ha sido ampliamente criticada y sus argumentos repetidamente rebatidos, especialmente en lo que se refiere al cannabis. Es indudable que las personas y organizaciones que defienden la postura antiprohibicionista son cada vez más numerosas", justifica en su iniciativa.
En el panorama internacional, IU recuerda que único país abiertamente tolerante es Holanda, mientras que en Alemania muy recientemente la Justicia autorizó a enfermos crónicos a cultivar cannabis.
Por otro lado, en la República Checa también se ha legalizado el uso terapéutico siempre que sea el Estado quien recete la marihuana y sea entregada por un distribuidor autorizado. En Italia el uso terapéutico mediante receta se autorizó el pasado mes de noviembre.
La iniciativa destaca también el hecho de que las tiendas de cannabis se encuentran en pleno proceso de expansión. "Es una feliz contradicción, pero contradicción a fin de cuentas. La esencia de este negocio radica en la agricultura ecológica, pues no sólo se vende cannabis, sino también semillas, fertilizantes naturales o abonos. El negocio es totalmente legal", añade.
Asimismo, destaca que parte del éxito de estos establecimientos se debe a las propiedades "curativas" del cannabis, y los clientes habituales son personas enfermas de cáncer, con tratamiento de quimioterapia o que padecen enfermedades como fibromialgia, esclerosis o glaucoma, encontrando en este producto un alivio para el dolor crónico o los efectos secundarios de algunos tratamientos.
En último lugar, plantea que se incluya la aportación de determinadas actividades hasta ahora ilícitas, como que determinadas drogas blandas, como la marihuana, puedan llegar a ser legalizadas para luchar mejor contra sus posibles efectos adversos y aumentar los ingresos públicos; una propuesta de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ya está en marcha con éxito en Uruguay o en el estado de Ohio (Estados Unidos).
