MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, sobre protección de la salud frente a la exposición a campos electromagnéticos (CEM), en la que insta al Gobierno a reconocer nuevas enfermedades por la exposición a este tipo de campos, para su debate en el Pleno de la Cámara baja.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha sido el encargado de registrar la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que también pide al Ejecutivo el establecimiento de mapas electromagnéticos de las ciudades, así como regular los radioenlaces, con frecuencias de radar altamente peligrosas, y sustituirlos por fibra óptica en los núcleos urbanos.
Es más, quiere que el Gobierno establezca un sistema público de control fiable e independiente, de los niveles de emisión radioeléctrica sobre la ubicación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones en zonas residenciales, educativas y hospitalarias.
MÁS ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN
Además de promover y financiar la realización de estudios epidemiológicos y científicos de investigación por expertos de probada independencia sobre poblaciones residenciales que hayan sido expuestas de manera continua, con participación ciudadana y de las organizaciones de personas afectadas.
Entre otras cuestiones, plantea al Gobierno el reconocimiento legal de la electrohipersensibilidad, como enfermedad causante de discapacidad, con el correspondiente protocolo sanitario para su diagnóstico y tratamiento.
Así, quiere regular el uso del móvil, las redes WIFI y otras tecnologías inalámbricas por los menores de edad, así como en el transporte público y centros públicos; además de elaborar un código de buenas prácticas y desarrollar campañas específicas contra el abuso del móvil, dirigidas a la población adolescente y adulta, con recomendaciones de uso y etiquetado en móviles de baja emisión.
Igualmente, quiere obligar a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado o garantizado por el Estado, en caso de daños, y establecer una reserva específica de suelo para todo tipo de infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM.
Promover sistemas de conexión por cable más seguros sanitariamente como alternativa a los sistemas inalámbricos de radiación generalizada como Wi-Fi o WIMAX se encuentra entre otro de sus planteamientos al Gobierno.
CAMBIOS NORMATIVOS
En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, IU argumenta que se están produciendo cambios normativos extra parlamentarios por los que se eliminan los requisitos a cumplir por las operadoras para la instalación de determinadas estaciones base, lo que supone, en su opinión, una vulneración de las mínimas garantías de control establecidas.
Por otro lado, reconoce que la legislación estatal no garantiza la protección a la salud ni al medio ambiente, en primer lugar porque, en lo relativo a las muy altas frecuencias, no son las Administraciones quienes llevan el control del espacio radioeléctrico, sino las propias operadoras de telefonía móvil.
En los últimos diez años, explica que las tecnologías inalámbricas han experimentado un "crecimiento exponencial" que ha supuesto la "proliferación caótica" de redes de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones sin cable, con el consiguiente aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras.
"Con la presente iniciativa, se pretende que nuestro país inicie un proceso de protección de la salud de la población frente a la exposición a campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia. La legislación estatal no ha resuelto el impacto social, ambiental y sanitario de las redes de telefonía móvil", esgrime Izquierda Unida.
Por ello, considera "necesario" que por ley se reconozca explícitamente la existencia de un riesgo sanitario por contaminación electromagnética o electropolución, y se regulen reglamentariamente los valores, distancias y medidas de protección.
