MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar la universalización de la sanidad pública española para todas las personas de nacionalidad española y para todas aquellas que residan en el país.
"La universalización de la asistencia pública gratuita conseguirá evitar situaciones contradictorias, como es el hecho de que actualmente existan prestaciones sanitarias que son gratuitas para las personas extranjeras con residencia en España y que, sin embargo, no lo son claramente para todas las personas con nacionalidad española", denuncian IU, ICV y CHA.
Así, hace referencia al supuesto de la asistencia sanitaria pública de urgencia que, según apunta, no alcanza a las personas con nacionalidad española no cubiertas por la Seguridad Social en el supuesto de que tengan recursos superiores a los regulados por el Real Decreto 1088/1989.
"El reconocimiento universal eliminará la vinculación del derecho a la asistencia sanitaria con la situación laboral o de dependencia familiar y simplificará la gestión de la asistencia sanitaria, la seguridad jurídica de los y las usuarias y evitará problemas de duplicidades de cobertura", defiende la Izquierda Plural.
"ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL"
A su juicio, el derecho constitucional a la protección de la salud, así como la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios con carácter universal, en los términos expuestos de la Constitución Española, no se ve garantizado en la actualidad para todas las personas con nacionalidad española.
La vinculación de la asistencia sanitaria pública gratuita a la normativa reguladora de la Seguridad Social lleva a la existencia de personas con nacionalidad española que carecen del derecho a dicha asistencia gratuita.
Según argumenta, estas limitaciones, derivadas de los requisitos que para el acceso a esa asistencia sanitaria gratuita se contemplan en las normas que regulan la Seguridad Social, se han venido paliando, en parte, mediante diferentes instrumentos normativos que pretendían dar cobertura a las personas excluidas, como el decreto de 1989 mediante el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes, así como diversas normas autonómicas.
EL DECRETO DEL RETROCESO EN LA SANIDAD
A pesar de estas "medidas parciales" emprendidas hasta la fecha, IU-ICV-CHA lamenta que aún queden colectivos de población que no ven garantizado su derecho al acceso a la atención sanitaria pública de manera gratuita.
Por eso, dice que se reconoció la universalización en la Ley de 2011 de Salud Pública, aunque el decreto de reforma sanitaria de abril del año pasado "haya vuelto a vincularla al aseguramiento de la Seguridad Social".
En su opinión, la actual dispersión normativa, además de las desigualdades que genera, lleva a una situación de inseguridad y de falta de claridad de los criterios para el acceso al derecho constitucional a la asistencia sanitaria pública, a la vez que aumenta la complejidad en la gestión de los servicios sanitarios públicos de las prestaciones sanitarias.
Por otro lado, señala que la Ley General de Sanidad de 1986 ofrece como explicación para no alcanzar la universalización de la asistencia sanitaria gratuita la situación de crisis económica que se vivía en aquellos momentos. "Tras este reconocimiento, la misma exposición de motivos prevé un programa de aplicación paulatina de esta universalización de la asistencia sanitaria pública gratuita, que hasta hoy no ha sido completada", agrega.
MODIFICAR LA LEY GENERAL DE SANIDAD
Por todo ello ve necesario hacer efectivo el derecho constitucional y dar coherencia a la propia Ley General de Sanidad, que contempla como objetivo del sistema sanitario que "la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española" en condiciones de igualdad efectiva.
Así, propone reformar la Ley General de Sanidad, para asegurar el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita, en parte por ser necesaria una norma con rango de ley y en parte por la voluntad de evitar normas dispersas en las que se regulen materias completamente dependientes.
"Es la Ley General de Sanidad la que desarrolla de manera más amplia y general el derecho constitucional a la salud y, por lo tanto, es en ella en la que ha de fijarse la extensión y los límites de dicho derecho", añade.
Por último, plantea la inclusión de una disposición transitoria mediante la que se insta al Gobierno a la elaboración de un informe mediante el que se facilite el recorrido para hacer efectiva la declaración contenida en la Ley General de Sanidad, en orden a la integración de todos los recursos sanitarios públicos en el sistema sanitario público al objeto de conseguir una real equidad en el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, eliminando el diferente trato o atención en función del colectivo en el que esté encuadrada la población trabajadora.
También busca con esta disposición transitoria obtener los datos necesarios sobre los recursos públicos que se están derivando hacia la sanidad privada y las disfunciones que se producen por las dificultades de reclamación por el sistema sanitario público del coste de la atención prestada a personas que tienen cubierta esta asistencia mediante mecanismos diferentes, con el objetivo de eliminar dichas disfunciones.
