MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha denegado desde el año 2015, y hasta el pasado mes de julio, 696 solicitudes de asistencia sanitaria a familiares de ciudadanos nacionalizados en España, según ha informado el Gobierno en el Senado en una respuesta por escrito al Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha informado de que en el año 2015 se produjeron 319 denegaciones, cifra que ha ido reduciéndose año tras año, situándose en 164 en el año 2016, 157 en 2017 y 56 a fecha del 23 de julio de 2018.
Esta información se produce después de que el pasado 15 de noviembre de 2017 la 'formación morada' registrase una moción en la Cámara Baja en la que se instaba al instituto a que rectificase su criterio de exclusión de la asistencia sanitaria pública a los ascendientes de ciudadanos españoles con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europa, reconociendo así su aseguramiento de pleno derecho.
También, se solicitaba eliminar la exigencia de seguro de enfermedad a los ascendientes de ciudadanos españoles, nacionales de terceros Estados, siendo "únicamente necesaria" la acreditación de vivir a cargo de estos últimos. Además, pedía eliminar la práctica de comunicar al Ministerio del Interior, Oficina de Extranjería y/o Delegado del Gobierno competente, la identidad de los familiares de ciudadanos españoles, titulares de tarjeta de residencia de ascendientes de ciudadanos de la Unión Europea que soliciten el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, a los efectos de proceder la extinción de su tarjeta de residencia.
De hecho, los tribunales ya han dado la razón en diversas ocasiones a los afectados. Por ejemplo, y según ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Social número 40 de Madrid estimó la demanda interpuesta contra el INSS y la Comunidad de Madrid, declarando su derecho a la asistencia sanitaria mientras se mantuviera en vigor su derecho a la residencia en España, condenando así a la comunidad a expedir la correspondiente tarjeta sanitaria.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado varios recursos de suplicación interpuestos por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social contra sentencias dictadas por juzgados sociales de Madrid, en virtud de demandas formuladas por ciudadanos que pedían que se les reconociese el derecho a recibir asistencia sanitaria por ser familiares de personas nacionalizadas en España.
Sin embargo, y pese a ellas, fuentes del INSS han insistido a Europa Press en que las 696 denegaciones se han producido por el hecho de que ser ascendiente de un titular del derecho a asistencia sanitaria "no otorga" el derecho a la cobertura.
Así, el organismo ha aludido al Real Decreto 240/2007 sobre estancia y residencia en España de ciudadanos comunitarios, a partir de los tres meses de estancia en España es necesario y preceptivo la inscripción en el Registro Central de Extranjería para formalizar la residencia temporal en España y, para ello, es preceptivo que el interesado disponga de recursos y de un seguro de enfermedad que le cubra "íntegramente" a él y a su familia.
EL REAL DECRETO 7/2108 "MEJORARÁ LA SITUACIÓN"
No obstante, el pasado mes de julio el Gobierno respondió a una carta remitida por la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea en el Senado, Concepción Palencia García, en la que le aseguraba que el Real Decreto 7/2108 mejorará el reconocimiento del derecho a las personas residentes en España.
"Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. La citada norma establece que el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y la atención con cargo a fondos públicos corresponderá al Ministerio de Sanidad. Por otro algo, este real decreto modifica y deroga distintas leyes reguladoras de la asistencia sanitaria, lo que permitirá un mejor reconocimiento del derecho a las personas residentes en España", señala la respuesta ofrecida a la 'formación morada' por parte de la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, María José Tarrero Martos.
A la espera de que la situación se clarifique, el 'Colectivo de afectadas por el INSS' se va a concentrar este jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad, coincidiendo con la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para "llamar la atención" del departamento que actualmente dirige María Luisa Carcedo y de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas que acuden a la reunión.
Y es que, tal y como ha señalado el colectivo, hay más de 40 sentencias favorables en los tribunales de, al menos, ocho comunidades autónomas para estos casos. Ahora bien, según ha lamentado, aunque los jueces obligan al INSS a reconocer el derecho de sus padres a la asistencia sanitaria en el SNS, "ni el Ministerio de Sanidad ni el INSS" han emitido normativa alguna que se adapte a la realidad de las sentencias judiciales.
"El Gobierno afirma que el RDL 7/2018 que aprobó en el mes de agosto de este año ha supuesto la devolución del carácter universal del acceso a las prestaciones sanitarias que el PP destruyó con su RDL 16/2012. Lejos de ser así, numerosos colectivos siguen sin tener acceso al sistema nacional de salud en las mismas condiciones que los españoles, en contra de lo que señala el gobierno socialista en el preámbulo de su RDL 7/2018 y del espíritu del que éste presume. Nuestro colectivo es sólo uno más entre ellos", han avisado desde la organización.
