MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola (Málaga) ha estimado parcialmente la demanda presentada por los servicios jurídicos de la Asociación del Defensor del Paciente en Málaga por los daños causados a un paciente que, tras ser intervenido de una hernia discal, acabó tretaparésico en silla de ruedas.
Según ha informado en un comunicado la asociación El Defensor del Paciente, que también ha facilitado el fallo, la condena estima parcialmente la demanda presentada en favor de M.M.S., de 65 años, y obliga a la aseguradora Sanitas al pago de 592.318 euros en concepto de indemnización por los daños causados tras una intervención quirúrgica de 'discectomía y artrodesis cervical anterior C4-C5-C6' efectuada el 17 de mayo de 2005 en la Clínica Galvez de Málaga.
Relata esta asociación que el afectado sentía molestias por dos hernias de disco, que le permitían realizar su vida normal y trabajar, si bien solicitó a través de su compañía de seguros intervenirse.
Así, fue intervenido en dos ocasiones --el día 17 y 20 de mayo de ese año--, tras las cuales acabo con secuelas irreversibles "como tetraparesia, parálisis recurrencial derecha, pérdida de un incisivo, síndrome postconmocional y dolor neuropático severo". De hecho, las operaciones le han postrado en una silla de ruedas, siéndole además reconocida una 'gran invalidez'.
Pese a que se le hizo firmar en el momento de la operación un documento de consentimiento informado, el Defensor del Paciente sostiene que en el mismo "no se hacía constar expresamente la posibilidad de tetraparesia", pese a que finalmente acabó así.
El demandante alegaba la falta de validez del documento de consentimiento informado para discectomía y/o artrodesis vertebral firmado por el paciente para la primera intervención, que se considera adecuado para las intervenciones de hernia discal lumbar, en las que no existe riesgo medular sino sólo de lesión radicular, y no es adecuado para las intervenciones a nivel de cervicales y compromiso medular.
Además, la defensa alegó a través de sus peritos que la operación debió de realizarse por un neurocirujano con experiencia y no por un traumatólogo.
