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BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado contencioso-administrativo 15 de Barcelona ha condenado al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a pagar 1,3 millones de euros a los padres de un niño que quedó tetrapléjico por extraer al bebé manualmente tirando de sus pies, en vez de practicar una cesárea a la madre, lo que le provocó una lesión de las raíces cervicales, ya que el pequeño estaba encajado en la vagina.
En una rueda de prensa este martes, acompañada por la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, y por el abogado del caso, José Aznar, la madre, vecina de La Bisbal del Penedès (Tarragona), ha dicho: "Hemos ganado un juicio, pero moralmente no nos ha reportado nada porque no va a tener consecuencias".
La mujer ha lamentado esta situación, y el hecho de que los profesionales que la atendieron sigan trabajando, y la administración no haya depurado responsabilidades.
El pequeño, que ahora cursa cuarto de Primaria en un centro ordinario en el que le atiende una veladora, nació el 20 de octubre de 2003 en el Hospital de Santa Tecla de Tarragona, donde la madre llegó a las 7.00 horas, tras ser remitida por el ambulatorio diagnosticada de lumbalgia pese a estar de nueve meses, pero el médico no llegó hasta una hora después, cuando el niño ya había sacado los pies, ha relatado la madre.
Rocío, que tuvo un parto de nalgas, ha explicado que cogieron al niño por los pies y lo extrajeron, en vez de realizar una cesárea y utilizar fórceps, puesto que el bebé no estaba bien encajado, con lo que salió sin mover las manos y con dificultades respiratorias, y ahora, a sus diez años, utiliza máquinas para respirar y va en silla de ruedas.
Los médicos tardaron 4 meses y medios a diagnosticar la tetraplejia del niño al retardar hacerle una resonancia magnética, por lo que el pequeño pasó un periplo que duró meses en varios hospitales: estuvo ingresado cuatro meses en la UCI del Joan XXIII, otros 15 días en el Sant Joan de Déu y luego de nuevo unos meses más en el Joan XXIII, con el consiguiente sufrimiento de la familia.
La madre ha explicado que su hijo, que es un niño muy inteligente y le hace preguntas sobre el motivo de su invalidez, es totalmente dependiente y ella ha tenido que dejar de trabajar para poderle cuidar, ya que no puede moverse, abrir un libro, ni escribir, ha ejemplificado, además de que necesita clases de logopedia y de rehabilitación física, lo que resulta muy costoso para una familia media como la suya, que no se lo puede permitir.
FALTA DE DILIGENCIA
Aunque se trata de una sentencia contenciosa que afecta sólo a la responsabilidad patrimonial de la administración, el juez ha fallado que "un servicio de urgencias ha de estar en condiciones de prestar atención al parto en minutos, con la máxima diligencia, por complicado que se presente, del mismo modo que la atención a un infarto se cuanta por minutos".
Por ello, Flores ha exigido más responsabilidad a la administración, y que se abra un expediente sancionador a los responsables de la atención o se inhabilite a los sanitarios, puesto que tienen "protocolos buenos que no se cumplen", y acudir a la vía penal sólo demoraría la respuesta a la familia, que ha pasado 10 años esperando a ser compensada.
Pese a que este caso se produjo antes de que se iniciaran los recortes en la sanidad, Aznar ha avisado de que casos de mala praxis como éste están aumentando, porque la respuesta médica se está retardando y se realizan menos pruebas, lo que puede agravar la situación de los pacientes: "Nos parece un atentado contra la salud y la vida de las personas", ha esgrimido el letrado.
