MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Igualdad considera que la libertad del aborto está garantizada y, por ello, centra la reforma para blindarlo en la Constitución en reforzar su dimensión prestacional.
Así lo han puesto fuentes ministeriales después de que este martes el Consejo de Ministros aprobase iniciar los trámites para blindar el aborto en la Carta Magna. El objetivo, según han señalado, es asegurar que todas las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de "igualdad y equidad".
Para ello, el Gobierno ha propuesto incluir un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución (derecho a la salud), que quedaría así: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
En este sentido, las mismas fuentes han defendido que la libertad de decidir está garantizada. Si bien, han expuesto que lo que hay que garantizar es cómo se ejerce, en qué condiciones y con qué medios.
El planteamiento del departamento que dirige Ana Redondo parte de la idea de que el aspecto de libertad del aborto está consolidado tras la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo dentro de la libertad personal protegida por los artículos 10 y 15 de la Constitución.
Por ello, han añadido que la reforma no busca modificar los derechos fundamentales, sino reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar su ejercicio, la dimensión prestacional.
Así, el Ejecutivo pretender llevar a cabo esta modificación de la Constitución mediante el procedimiento del artículo 167, que requiere mayorías cualificadas de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria, que presentará un texto que será votado por las dos cámaras.
De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, podría ser sometida a referéndum para su ratificación si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
IGUALDAD PREVÉ QUE LLEGUE "A PRINCIPIOS DE AÑO"
La reforma será ahora remitida al Consejo de Estado, que deberá emitir dictamen en un plazo de dos meses. En este sentido, el Ejecutivo ha preferido apostar por el procedimiento ordinario, en lugar de por el de urgencia. Fuentes del Ministerio de Igualdad han destacado el debate social que puede darse en este tiempo sobre el derecho al aborto de las mujeres y prevén que llegue la reforma al Congreso "a principios del 2026".
Por lo tanto, los votos del PP son claves para que salga adelante la propuesta del Ejecutivo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hablarán con "todos" los grupos para explicarles el proyecto y añadió que esperaba que los 'populares' estuvieran "a la altura de este reto". Si bien, los de Alberto Núñez Feijóo han rechazado en diferentes ocasiones su apoyo.
FRENTE A LA "OLA REACCIONARIA"
En esta misma línea, Redondo justificó también este martes que la reforma tenía lugar frente a la "ola reaccionaria", a nivel nacional y a nivel internacional, que dijo que pretende "devolver a las mujeres" a "situaciones pasadas". Precisamente, la ministra defendía el año pasado que había una ley muy joven sobre el aborto y que urgía más que esta se garantizase en todos los territorios.
"Frente a esa ola reaccionaria necesitamos blindar los derechos de las mujeres. A nivel nacional es muy claro, los gobiernos del Partido Popular con Vox, desde el inicio hicieron el campo de batalla en los derechos de las mujeres", apuntó la ministra, en referencia al exlíder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
