MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) se encuentran en negociaciones con responsables del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) con el objetivo de solucionar antes de final de año el posible despido de los cerca de 70 científicos a los que los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, ha puesto en "serio peligro".
Fuentes de la Secretaria de Estado han confirmado a Europa Press que, este miércoles, "la Secretaria de Estado mantuvo una reunión con los gerentes de los centros, y después de semanas de negociaciones, parece que las posturas se han acercado muchísimo y se podrán evitar, si no todos, la mayoría de los despidos".
Actualmente, a falta de un acuerdo oficial, solo se podrían ver comprometidos entre 5 y 6 investigadores de ambos centros- inicialmente, 5 de ellos son del CNIO-, cuya situación laboral difiere de la del resto. Sin embargo, la intención desde el Gobierno es "trabajar para que no se tenga que despedir a nadie".
De hecho, se reafirman al señalar que su objetivo es salvar a todo el personal afectado y, por este motivo, se está "viendo caso por caso", con el objetivo de poder arreglar esta situación antes de final de año.
Asimismo, señalan que, actualmente, "se está trabajando para una mayor estabilización de todos investigadores, trabajamos para sacar medidas que les den estabilidad en la próxima Ley General de Presupuestos del Estados 2018".
LOS INVESTIGADORES ESTÁN AL TANTO
El posible acuerdo ya se ha comunicado a los investigadores del CNIO a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, donde les notifican la actual situación de sus 46 investigadores en situación de riesgo. En la misiva les informa de que las conversaciones "están dando sus frutos", y que esperan que la situación sea resuelta con la aprobación de los próxima Ley de Presupuestos.
Con el objetivo de que se pueda reducir completamente la lista de despedidos, concluyen con la esperanza de que "la próxima semana" se pueda comunicar que "no se producirá baja alguna".
Esta situación se produce tras los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, y en particular en su disposición adicional 34, que explícitamente señala que todos los centros de la Administración General del Estado que hagan contratos que incurran en fraude de ley serán responsables los gerentes o encargados de recursos humanos.
Los gerentes del CNIC y del CNIO consideraron que no estaban amparados por la ley a la hora de concatenar contratos de los investigadores, por lo que se paralizaron. Aunque la Ley de la Ciencia (2011) inicialmente parecía amparar a los investigadores y gerentes, ya establece excepciones para las contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación.
Tratando de darles mayor seguridad en octubre se aprovecho un Real Decreto Ley de Empleo donde se incluía en el artículo de la Ley de la Ciencia a Consorcios, Fundaciones y todos los agentes Ejecutores de I+D+i. No obstante, dichas modificaciones no han terminado de convencer a los responsables de ambos centros, quienes consideraron que seguía sin ser una solución que diera "estabilidad" a la su plantilla.
En noviembre, un total de 79 científicos del CNIO y CNIC suscribían una misiva dirigida al presidente del Gobierno y a otros cinco ministros en la que avisan de que su labor investigadora estaba en "serio peligro", y les pedían una "solución urgente" que garantizara la integridad de los trabajadores.
