Los médicos, clínicas privadas, sindicatos y pacientes habían mostrado su desacuerdo con estas medidas, y Sanidad descartó implantarlas
MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas finalmente no han tratado este jueves, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la batería de medidas que las autonomías habían presentado para su estudio y que afectaban a la sanidad, como el copago por asistencia a consulta médica y las urgencias o el pago por las recetas. El sector sanitario había expresado su rechazo a estas medidas.
Fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que las más de 70 medidas de corte sanitario incluidas en un total de 255 medidas "para la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público" del documento redactado por un grupo de trabajo creado 'ad hoc' el pasado mes de junio, no se han tratado en la reunión y tampoco lo ha reclamado así ningún consejero. Tampoco avanzaron si serán tratadas en la próxima reunión del consejo.
Se trata de unas propuestas que, tal y como ha aseguró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han sido planteadas por las comunidades y no por el Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad descartó inmediatamente que se fuera a implantar cualquier fórmula de copago sanitario al haber logrado una "estabilidad" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Entre las medidas incluidas en el citado documento figuran el copago por la falta de asistencia a citas programas, el de asistencia a consulta médica y de Urgencias, el de prestaciones ortoprotésicas y el copago por interrupciones del embarazo y fecundaciones 'in vitro'.
Además, figuran la posibilidad de establecer una cuantía mínima por expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos, la posible desgravación fiscal para ciudadanos con seguro médico privado, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de las guardias, o la posibilidad de establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante.
También se plantean alternativas de cómo controlar el número de prescripciones por pacientes, el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.
CRITICAS DEL SECTOR SANITARIO
Estas propuestas fueron acogidas con críticas de la mayor parte del sector sanitario. Así, los médicos, las clínicas privadas, los sindicatos o las asociaciones de pacientes, las han calificado de "inaceptables", "intolerables" e, incluso, de "altamente negativas".
Los primeros en pronunciarse fueron los sindicatos sanitarios. CESM, SATSE rechazaron "cualquier tipo de copago" y denunciaron la "contradicción entre ministerios. Igualmente, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha avisado de que los nuevos copagos planteados supondrán un "impuesto sobre la enfermedad" y un "obstáculo fundamental" para el acceso a las prestaciones necesarias para las personas más enfermas y con menos recursos.
Estas declaraciones han sido corroboradas por CC.OO. que ha tachado a estas medidas de "inadmisibles e intolerables" porque, entre otros aspectos, tratan de "deslegitimar" al sistema sanitario público y quieren presentan al "sector privado" como "más eficiente".
No obstante, las propuestas también han recibido criticas desde la sanidad privada. Es el caso de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (CNCP), que ha advertido de que son iniciativas "altamente negativas" porque, a su juicio, van a perjudicar tanto a la asistencia sanitaria pública como a la privada.
RECHAZO DE MÉDICOS Y PACIENTES
Desde las vocalías de la Organización Médica Colegial (OMC) se ha mostrado también su rechazo al considerar que los copagos planteados son "intolerables e injustos" porque pueden suponer un "aumento" de la "desigualdad y exclusión" en el cuidado de la salud de las personas más desfavorecidas, generando así "daños irreparables" para sus vidas. Asimismo, el Colegio de Médicos de Madrid ha asegurado que generarían un "perjuicio" para parte de la población española.
Por parte de las organizaciones médicas, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha comentado que, a pesar de algunas propuestas "parecen sensatas", la mayoría son "inaceptables", tanto en el ámbito de las que afectan directamente a los profesionales como las que "atentan directamente" contra el SNS.
Además, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha rechazado "frontalmente" estas medidas y ha recordado que la evidencia "demostrada no las avala". De hecho, SEMES ha avisado de que establecer medidas "disuasorias" como las planteadas perjudicará a los pacientes ancianos, crónicos y a los de menor edad y ha alertado de que la "ausencia" de soluciones asistenciales "racionales" y adaptadas a la población anciana genera una cuota de demanda en Urgencias "nada despreciable".
Finalmente, el Foro Español de Pacientes (FEP) ha expresado su preocupación por el "aumento de la inseguridad" a la que los enfermos se están enfrentando, al considerar que las medidas y recortes adicionales a los ya implantados podrían llegar a causar "graves perjuicios" en la población más vulnerable como, por ejemplo: abandono de tratamientos, no acudir a los servicios de salud o tomar la medicación de forma "discontinua".
