Güemes rechaza la petición de la Junta de Personal del Severo Ochoa de devolver a sus puestos al personal cesado

Actualizado: lunes, 4 febrero 2008 22:37


MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, rechazó la petición de los representantes de CC.OO. de la Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa de devolver a sus puestos al personal cesado por las denuncias del citado centro.

Según informaron fuentes de la Comunidad de Madrid a Europa Press, la consejería de Sanidad no va a restituir a nadie en su puesto "por la pérdida de confianza". "No van a volver a estar en sus puestos porque el cargo que ocupaban era de confianza. Se ha perdido la confianza y por eso se les expedientó primero y luego se les cesó", señalaron.

La representación de CC.OO. en la Junta de Personal pidió hoy la restitución en su puesto de los cinco jefes de servicio, tres supervisores y ocho médicos de Urgencias, "cuyos contratos no fueron renovados", pero la Comunidad de Madrid indicó que "desde el primer momento se dijo que no se iba a producir ninguna restitución" y que "las restituciones no tienen nada que ver con los expedientes".

Según afirmó CC.OO., Güemes respondió que "no sería restituido ninguno de los afectados por pérdida de confianza" y afirmó que Montes fue destituido por el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por "interferir desde su cargo en la actuación de los inspectores", puntualizó.

RETIRADA DE EXPEDIENTES

Además, los representantes de CC.OO. en la Junta del Personal del Hospital Severo Ochoa de Leganés pidieron hoy al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, la retirada de los expedientes administrativos abiertos a los médicos de Urgencias del centro de Leganés y la restitución del ex coordinador del servicio de Urgencias, Luis Montes.

Según CC.OO., el titular de Sanidad se reunió hoy con la Junta de Personal del Hospital, encuentro en el que Güemes respondió a las peticiones formuladas que los procedimientos administrativos "seguirán su trámite" y que "garantizará la presunción de inocencia de los expedientados y la "no politización" del procedimiento.