Osalde, la asociación para el derecho a la salud, plantea "la objeción ética en las consultas" al Real Decreto de Sanidad
BILBAO, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco garantizará, en el marco del Estatuto de Autonomía, la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones de acceso a aquellos colectivos que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 por el Congreso de los Diputados, quedarán excluidos de la cobertura asistencial, según ha asegurado el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández.
Fernández se ha reunido este jueves en Bilbao con representantes de diversos colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y enfermos crónicos) que podrían ver recortados sus derechos por lo dispuesto en el Real Decreto Ley del Ministerio de Sanidad que recoge los recortes en Sanidad, tras lo cual ha comparecido en rueda de prensa, acompañado de la directora de Emakunde, María Silvestre, para comprometer la cobertura asistencial "universal" a todas las personas en Euskadi.
Fernández ha leído una declaración institucional en la que se denuncia que, con la excusa de "garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud", el Real Decreto aprobado este jueves "restringe la atención sanitaria a un conjunto amplio de colectivos, como los jóvenes mayores de 26 años, personas con discapacidad inferior al 65 por ciento, inmigrantes en situación irregular o excónyuges que no se encuentren a cargo de un asegurado".
Estos colectivos, recuerda el texto, deberán contribuir mediante el pago de la correspondiente prestación, si quieren acceder a la protección sanitaria.
El Gobierno vasco, continua la declaración, "es consciente de la importancia de implementar medidas de consolidación fiscal, pero no acepta que ello sea a costa de socavar el acceso a servicios públicos esenciales que contribuyen a la cohesión social y el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas".
Por ello, añade, "garantizamos que en el marco que nos brinda el Estatuto de Autonomía, no vamos a dar un paso atrás en la garantía de estos derechos" y "todas las personas en el País Vasco vamos a seguir teniendo una asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones en su acceso".
El viceconsejero ha insistido en el compromiso del Gobierno vasco de dar "cobertura asistencial de la cartera completa de servicios" y ha señalado que, "otra cosa es que la tarjeta sanitaria que vayamos a dar a estas personas que quedan fuera del real Decreto Ley sea una tarjeta válida fuera de Osakidetza, lógicamente ahí estamos bajo el marco legal español y no tenemos posibilidad de ir más allá de nuestros propios límites".
DATOS
Fernández ha señalado que, en Euskadi, hay 22.000 ciudadanos extranjeros empadronados que no tiene permiso de residencia, por lo que con el Real Decreto Ley quedarían excluidas de la asistencia sanitaria.
Asimismo, ha precisado que este decreto también afecta a otros colectivos, como todas aquellas personas que no siendo cotizantes a la Seguridad Social o lo han sido en el pasado pero están en situación de desempleo, no tienen la condición de beneficiario de una tercera persona, a aquellos menores de 26 años, a los que no tienen una discapacidad superior al 65 por ciento. Otro colectivo afectado, ha señalado, es de las personas divorciadas o en proceso de separación que no han cotizado nunca y no acceden a su primer empleo.
Fernández ha afirmado que, según la base de datos de Lanbide, hay 21.500 personas en demanda de su primer empleo, de las cuales 13.500 son mayores de 26 años. Asimismo, hay 800 personas divorciadas o en situación de separación legal, que también están demandado su primer empleo. A ellos se suman 3.500 demandantes de su primer trabajo que tiene algún grado de discapacidad y que no han accedido a ningún empleo con anterioridad.
Por lo tanto, ha advertido, "estamos hablando de varios miles de personas, pero que reflejan sólo una parte de la sociedad, porque son aquellas personas que están registradas en demanda de empleo y habría muchos más de estos distintos colectivos que, por las razones que sean, ni siquiera se han registrado en Lanbide como demandantes de empleo".
Fernández ha criticado también que se está "confundiendo a la opinión pública, tratando de justificar estas exclusiones de la asistencia sanitaria" alegando que "hay un turismo sanitario de personas europeas o no, que vienen a España para recibir asistencia sanitaria, cuando están cubiertos por la seguridad social de su país", cuando, en este caso, la solución es "muy sencilla: mejorar los sistemas de información y de facturación de las comunidades autónomas para cobrar por estos servicios".
Además, ha censurado que se argumente que los ciudadanos extranjeros hacen "una utilización y un abuso de la asistencia sanitaria superior a la de los ciudadanos españoles", cuando, según datos que ha aportado, la población inmigrante "acude 6,4 veces al año de media a los centros de salud, frente a las 11,1 veces de los ciudadanos españoles, y los inmigrantes suponen un consumo de fármacos de los ciudadanos extranjeros es de 96,5 euros al año y el de los españoles de 446 euros".
Fernández ha reconocido que "el único punto de atención donde hay una mayor utilización de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos extranjeros es en el caso de las urgencias, un 16 por ciento más".
A su juicio, la aplicación del real decreto va a producir una "sobreutilización de las urgencias por parte de aquellos ciudadanos extranjeros a los cuales la única cobertura asistencial que se les preserva es la atención de urgencias, con los problemas que ello va a generar de peor control de las enfermedades, de saturación de las urgencias y de mayor coste de la prestación de servicios sanitarios para esta población".
"OBJECIÓN ÉTICA"
Por otro lado, el presidente de Osalde (Asociación para el derecho a la salud), Juan Luis Uria, ha explicado que desde Osalde han convocado a distintos colectivos profesionales para plantear "en firme la objeción ética en las consultas" al Real Decreto de Sanidad.
"Pase lo que pase a nivel institucional, se garantice o no se garantice a nivel institucional, los colectivos profesionales necesitamos trabajar con el humanismo normal de la consulta médica y con la ética habitual de los trabajos en los centros de salud, ambulatorios y centros hospitalarios de Osakidetza", ha dicho.
En ese sentido, ha señalado que ya se han posicionado a favor de esta "objeción ética, entre otros, la Sociedad de Medicina familiar, Osalde y la Asociación de Enfermería Comunitaria. Asimismo, ha dicho que se está discutiendo esta objeción en los Colegios de Médicos, de Farmacéuticos, Fisioterapeutas o de Enfermería.
