BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)que obliga a reabrir los establecimientos hosteleros de forma cautelar, pese a encontrarse en zona roja, pone "en cuestión" la garantía jurídica de Euskadi "para adoptar todas las medidas necesarias" con las que "hacer frente" a la actual situación de pandemia.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto este martes permitir a los bares y restaurantes de Euskadi reabrir en los municipios que se encuentran en 'zona roja' por la alta incidencia de la covid-19.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha adoptado esta medida cautelar solicitada el pasado 4 de febrero por los hosteleros vascos a través de un recurso en el que reclamaron que se eliminara la medida decretada por el Ejecutivo de clausurar bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en los que la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Esta restricción se extendía también a municipios más pequeños con alta incidencia del virus.
El alto Tribunal ha decidido, de forma provisional, aceptar la reclamación de las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, a la espera de entrar en el fondo del asunto y tomar una decisión definitiva.
Tras conocer la resolución judicial, Zupiria ha asegurado que la decisión del alto Tribunal "responde a una denuncia que solicita medidas cautelares y no entra al fondo de la cuestión", que es algo que, "en su momento, a través de una resolución o una sentencia, tendrá que aclarar el ponente correspondiente".
Tras aludir al "escenario en el que se va a tener que vivir y convivir en los próximos meses", el portavoz del Gobierno ha advertido de que, "sea cual sea el sentido de la decisión judicial, tendrá que ser respetuoso, en todo momento con las medidas sanitarias que están establecidas y que tendrá que tener en cuenta", además de "las restricciones de movilidad y de encuentro entre personas que tienen establecidas".
Zupiria considera que la decisión judicial conocida este martes abre "otra vez" el debate sobre "la capacidad real que los poderes autonómicos tienen para adoptar las medidas correspondientes en cada caso".
En este sentido, ha puntado que el Lehendakari, Iñigo urkullu, "ha insistido con frecuencia, desde que se inició esta situación de pandemia", que Euskadi "quería contar con todas las herramientas posibles para responder en cada caso a la situación sanitaria" y adoptar las medidas "con toda la garantía jurídica".
"A la espera de cuál sea la resolución del Tribunal de Justicia, es posible que esa decisión aceptando las medidas cautelares ponga en cuestión si, efectivamente, disponemos de la garantía y la seguridad jurídica necesaria para adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a esta situación", ha concluido.
