LOGROÑO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud, Pedro Soto, reclamó hoy al Ministerio de Sanidad una norma general para todas las Comunidades Autónomas que regule las sanciones de la Ley Antitabaco. Para Soto el Ministerio debe desarrollar todo el sistema de sanciones y prohibiciones y no "sólo los criterios interpretativos" de la Ley.
El consejero de Salud realizó estas manifestaciones durante la reunión que mantuvo hoy en la propia consejería con representantes de la Asociación de Hostelería y Restauración de La Rioja (ARBACARES). Soto indicó que está norma debe entre otras cuestiones explicar "en qué consisten las inspecciones, en qué las prohibiciones y en qué las sanciones o qué pasa con los banquetes, donde teóricamente una boda privada, no es un sitio de acceso público".
La ley dijo tiene un objetivo "importante, como es el de dejar de fumar" y por ello como autoridad sanitaria "debemos mantener ese principio por encima de todo". Aunque hacerlo como pretende la ley "con prohibiciones y coacciones y de forma improvisada" resulta que es "una buena Ley pero que está mal aplicada" ya que no prevé ayuda para quienes quieran dejar de fumar y por otra parte que el sistema prohibitivo lo deja "al albur" de las comunidades autónomas.
Indicó que la "falta de adaptación" del sector hostelero "por la imprevisión de la Ley está suponiendo un entorpecimiento claro a la hora de aplicar la Ley para el hostelero". Para ello es necesario "hacer una norma clara y consensuada con el sector, y quien quiera dejar de fumar lo haga, y quienes no, que no perjudiquen". Afirmó además que "necesitamos líneas de financiación para poder trasladar ayuda a los fumadores para que dejen de fumar".
Soto explicó que el Ministerio de Sanidad "no ha dejado plazo de adaptación ni a las Comunidades Autónomas para sacar correctamente un Real Decreto con un periodo de adaptación de no menos de 3 o 4 meses". Afirmó que el Gobierno "nos está haciendo aplicar una ley para la que no tenemos instrumentos técnicos y legales para aplicarla".
Respecto al borrador que está realizando la Administración riojana para desarrollar los aspectos que le afectan de la Ley Antitabaco, indicó que para redactar el mismo se mantiene el plazo de 20 a 25 días desde el 1 de enero. A partir de ahí "la tramitación ha de pasar por los distintos estamentos internos de la administración, por el Consejo Consultivo y como afecta a aspectos sociales debe pasar por el Consejo Económico y Social" por lo que para su consenso pasarán "entre 3 meses o 3 meses y medio", señaló Soto.
Por su parte el director gerente de ARBACARES, Enrique Arévalo, coincidió con Soto al declarar la "precipitación" de la Ley Antitabaco, ya que "al sector les exige unas obligaciones de la noche a la mañana que es imposible cumplir" y "ha creado una situación difícil a la administración para que la Ley se cumpla".
Manifestó su "grata satisfacción" porque "a día de hoy la consejería ha avanzado un borrador para trabajar en la mayor brevedad". También aseguró que lo que "habrá que hacer es cubrir ese vacío que se crea antes de que entre en vigor ese decreto". Afirmó que la consejería de Salud se está planteando aprobar una cartelería "provisional" que supliera "la improvisación" que se está viendo en los establecimientos de hostelería.
Por otro lado indicó que al sector hostelero le preocupa los banquetes-boda para saber que deben hacer ante el incumplimiento de algún cliente, coincidieron con la consejería al indicar su obligación será la de "intentar hacer respetar la prohibición", trasmitiéndoselo a la inspección que se cree.
Aseguró que desde el sector "se va a hacer un esfuerzo para que los locales vayan adaptándose e incluso trasmitir el mensaje de: Mejor es no fumar". Para ello estudiarán editar una cartelería especifica de "cortesía" para que en aquellos locales donde se pueda fumar "procuren no molestar para ir limitando el consumo de tabaco".
Finalmente el consejero de Salud indicó que en la reunión técnica que mantuvo el Comisionado para la Droga de La Rioja, Juan Del Pozo, en el Ministerio de Sanidad, todas las Comunidades Autónomas "manifestaron infinidad de dudas en la interpretación de la Ley". Ante ello señaló que "más que una reunión de trabajo para ordenar cómo se deben hacer las inspecciones fue un rosario de dudas de aplicación de la propia normativa".
