MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno repartió en 2014 un total de 27,5 millones de euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia.
Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se han aprobado los criterios de distribución de dicho fondo para el año 2015.
Dicho fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior, y está presidido por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.
Para este año, el acuerdo aprobado autoriza a este organismo, además de a los gastos de gestión de dicho fondo, a programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos.
Entre estos hay programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.
También se incluyen programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo; y programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia e inserción socio-laboral de las personas drogodependientes.
En el ámbito del control de la oferta, se incluyen programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.
El acuerdo permite la financiación de otros programas que deban desarrollarse necesariamente en 2015, en especial, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016.
