MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al reparto de 91,3 millones de euros para distintos programas sociales y de lucha contra la pobreza, entre ellos 9,5 millones para la prevención de la drogodependencia en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, con cargo a los presupuestos generales de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Dicho reparto, según ha explicado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ya se acordó con las comunidades autónomas en el último Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales, celebrado el pasado mes de mayo.
En materia de drogodependencia, el objetivo es contribuir al desarrollo de la Estrategia en los planes autonómicos, apoyando programas dirigidos a colectivos específicos para prestar, entre otros servicios, atención directa a toxicómanos y sus familias, orientación social y laboral, rehabilitación y reinserción de toxicómanos en prisión o medidas alternativas a la cárcel para aquellas personas con adicciones y problemas con la justicia.
También servirán como apoyo a tareas de investigación y estudios, así como a la recogida de datos que facilitan las comunidades al Plan Nacional sobre Drogas para el análisis por parte del Observatorio Español sobre Drogas, según detalla el Ministerio de Sanidad.
"El esfuerzo en el Plan Nacional sobre Drogas ha sido importante, participan todas las administraciones y muchas entidades que tienen un gran protagonismo", ha destacado Alonso, quien ha recordado los datos de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en la Enseñanza Secundaria en España que arroja "una evolución favorable, con una disminución en el consumo de todas las drogas entre los 14 y los 18 años de edad y de forma más pronunciada, del consumo intensivo del alcohol".
Asimismo, del total de fondos 48 millones corresponden a programas del Plan de Apoyo a la Familia e Infancia y en concreto de lucha contra la pobreza infantil, que aumenta así en 31 millones de euros respecto de la dotación de 17 millones que recibió en 2014.
"El objetivo es paliar y mejorar la vulnerabilidad social de las familias atendiendo necesidades básicas", ha destacado, para explicar que los fondos, que no conllevan compromiso de cofinanciación, serán transferidos a las entidades locales mediante las comunidades autónomas y se centrarán en situaciones de carencia material de las familias con bajos ingresos mediante la prestación, entre otras, de ayudas para alimentación, ropa, aseo, gastos escolares o del hogar.
Alonso ha recordado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística que arrojan una leve reducción (0,6 puntos) de los indicadores de pobreza en España en 2014 para afirmar que ese año ha sido "un punto de inflexión y un cambio de tendencia" motivado por la reducción de hogares con baja intensidad en el empleo, una mejora que ha repercutido en el resto de parámetros, como el volumen de personas con privación material severa o la pobreza infantil, que cayó 1,3 puntos hasta situarse en el 28,8%.
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
Por otra parte, 27,4 millones de los fondos aprobados este viernes irán a la prestación de servicios básicos por parte de las comunidades autónomas mediante el plan concertado de financiación y algo más de 412.500 al plan de desarrollo del pueblo gitano.
A diferencia de los fondos del plan de Familia e Infancia, esta cuantía conlleva un compromiso de financiación por parte de las comunidades autónomas, que habrán de aportar al menos la misma cantidad que reciban del Estado a este tipo de programas de asistencia social.
Asimismo, seis millones irán a la asistencia de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos menores de edad, un 25 por ciento más que en el ejercicio anterior y un 20% más que en 2011, conforme ha destacado el ministro en funciones.
De ellos, 3,25 millones serán para programas y servicios que garanticen "el derecho a la asistencia social integral a las víctimas"; 1,75 millones para la atención a los menores expuestos y un millón para el desarrollo de planes personalizados y medidas de coordinación en las Comunidades Autónomas.
