MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha decidido presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias a la Resolución del Servicio Andaluz de Salud que convoca la selección de medicamentos a dispensar en las farmacias andaluzas, al entender que fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal. El planteamiento del conflicto comporta la suspensión de la resolución.
La decisión del Gobierno está avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona su adecuación al orden competencial. El Gobierno estima que el nuevo mecanismo de formación de precios "reduce la oferta establecida" de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud.
Según la resolución cuestionada, la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud iba a realizar una convocatoria pública en la que participarían los laboratorios farmacéuticos para seleccionar, de entre los medicamentos comercializados con un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, aquél que deberá ser dispensado por las farmacias cuando se les presente una receta identificada por sus principios activos.
Además, para cada principio activo se seleccionaría un listado ordenado de menor a mayor coste final, del que se seleccionaría el primero y con el laboratorio preparador se suscribiría un convenio.
"VULNERA COMPETENCIAS DEL ESTADO"
El Gobierno considera que este mecanismo "vulnera claramente las competencias estatales", al fijar la regulación de prescripción de medicamentos sin tener competencia para ello, ya que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de legislación farmacéutica.
Igualmente, se cuestiona este procedimiento porque "modifica la cartera básica de servicios" establecida por el Estado, "excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica."
En tercer lugar, el conflicto interpuesto contra la Resolución argumenta que se vulneran las competencias estatales al establecer un régimen que viene a modificar la cobertura de la prestación de financiación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
