MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, rechazó hoy la posibilidad de transferir a Cataluña las competencias de autorización de laboratorios farmacéuticos y de empresas fabricantes de productos sanitarios y cosméticos. Soria defendió la necesidad de garantizar que los derechos de los pacientes sean "idénticos" en todo el país.
Durante su comparecencia en el Pleno del Senado durante la sesión de control al Gobierno, el ministro recordó que esta competencia siempre ha sido estatal y señaló que "no podrá ser de otra forma" porque la normativa comunitaria establece que la prioridad es "proteger la salud de los ciudadanos" garantizando que los medicamentos hayan sido fabricados "con elevados estándares de calidad" independientemente de su origen.
Así, ante la reclamación de la senadora de la Entesa Catalana de Progrés María José Elices de que esta competencia se incluya en la Comisión Mixta de Transferencias Generalitat-Estado, Soria señaló que al Ministerio de Administraciones Públicas "no le consta" que el Gobierno autonómico haya efectuado ninguna solicitud al respecto en ese foro.
En este sentido, insistió en que se trata de una competencia que corresponde al Estado para garantizar que todos los pacientes tienen derechos "idénticos" en toda España y recordó que ya existe como excepción la atribución a las comunidades de la competencia de otorgar licencia de funcionamiento a las empresas dedicadas a la fabricación de productos sanitarios a medida, ejercida por la Generalitat desde el año 2002.
Sin embargo, la senadora del PSC afirmó que Cataluña ya dispone también de las competencias de control e inspección de las instalaciones en las que se fabrican productos sanitarios. "No encontramos que haya argumentos jurídicos para diferencias las actuaciones de control y seguimiento" de las de autorización, aseveró.
Elices insistió en que ésta debería ser una competencia de las administraciones autonómicas y defendió que no iría en "detrimento de la garantía de cumplimiento de la normativa". Además, subrayó que no supone una desigualdad que afecte a las condiciones básicas de protección de la salud.
