MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad podría estar estudiando la posibilidad de ofrecer compensaciones fiscales a aquellos hosteleros que acondicionaron sus establecimientos para cumplir con la Ley antitabaco aprobada en el año 2005, por tratarse de unas obras que ahora, con la futura aprobación de la nueva Ley, serían "innecesarias" a todos los efectos.
Así lo pone de manifiesto UPTA en un comunicado, donde considera que serían más efectivas las líneas de subvención directas contra la presentación de factura, ya que el desembolso que se hizo en su día para pagar las obras fue en metálico. "Algunos incluso siguen pagando intereses de los préstamos solicitados a tal fin", señala el responsable estatal de la Sectorial de Hostelería de UPTA, Armando López.
UPTA recuerda que cuando conoció la intención del grupo parlamentarios socialista de recrudecer la Ley, presentó una serie de propuestas para que ningún hostelero, grande o pequeño, saliera perjudicado económicamente por la iniciativa, pero sin oponerse frontalmente a la nueva ley por motivos de salud pública.
En concreto, planteó el establecimiento de un coeficiente reductor específico de los módulos de IRPF para los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados en los que hasta ahora se permitía fumar y una moratoria de dos años de aplicación de la ley para aquellos que realizaron obras de adaptación, además de líneas directas de subvención para paliar las inversiones no amortizadas.
El secretario ejecutivo de política sectorial de UPTA, César García, valora positivamente que el Gobierno haya permitido la venta de tabaco en estos establecimientos aunque esté prohibido consumir porque se trata de una decisión que rebajará el nivel de pérdidas en la facturación. Aún así, asegura que "queda una tarea pendiente", que es la liberalización de la compra del tabaco directamente al distribuidor.
Además, García ve más "flecos sueltos" en la interpretación que hace el Comisionado para el Tabaco de los establecimientos específicos de venta de prensa, que nuevamente pueden vender gracias a la incorporación de una enmienda en la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, y a los que, sistemáticamente se están negando las licencias.
