MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobó en su reunión de ayer, a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, el desarrollo de una Ley de Seguridad Alimentaria para garantizar a los consumidores su protección bajo cualquier circunstancia, como está previsto en la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012.
Entre sus iniciativas concretas figuran, entre otras, la disminución de la concentración de grasas trans en los alimentos hasta el anunciado Plan de apoyo a celíacos y a grupos de población alérgicos a alimentos y otros planes para la reducción de consumo de sal, apoyo a la lactancia materna y de prevención de riesgos biológicos en la alimentación, como salmonelosis, 'campylobacter' o anisakis, o por la exposición de las personas a los agentes químicos o contaminantes.
Según explicó hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo, se trata de una estrategia integral, que aúna acciones de los ministerios de Sanidad y Consumo; Medio Ambiente, Rural y Marino; Administraciones Públicas; Economía y Hacienda; Interior; Industria, Turismo y Comercio; Ciencia e Innovación y Educación, Política Social y Deporte. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se encarga, a nivel operativo, de la coordinación de la Estrategia.
El objetivo de esta iniciativa es reforzar la protección de los ciudadanos en todos los ámbitos relacionados con la alimentación. Para lograrlo, "la estrategia establece un marco que permitirá al Gobierno coordinar todas las acciones necesarias para garantizar bajo cualquier circunstancia la seguridad de los alimentos y, por tanto, proteger la salud de los ciudadanos y reforzar sus derechos como consumidores", explica Sanidad.
Para ello, la estrategia se impone una serie de principios, como reforzar la confianza de todos los interesados en el sistema de seguridad alimentaria, perspectiva de prevención y no de constatación, refuerzo continuo de los recursos científicos, cooperación interinstitucional entre todas las administraciones públicas concernidas, cooperación intersectorial e internacional y "esfuerzo permanente" de información a los ciudadanos.
Según Sanidad, esta Estrategia se sustenta sobre tres grandes líneas, que se corresponden con otros tantos niveles de interlocución y actuación de la Administración General del Estado. En primer lugar, busca "más coordinación con la política comunitaria". Concretamente, se pretende reforzar la colaboración del Gobierno español con los órganos de la Unión Europea relacionados con la seguridad alimentaria y, a través de ellos, con el resto de Estados miembros, para alcanzar el más alto nivel de protección de la salud y de los derechos de los consumidores.
El ministerio recuerda que, en un contexto caracterizado por la globalización y, en la UE, por la instauración del mercado único con una frontera exterior única se exige una adecuada aplicación de las normas comunitarias, por lo que la estrategia incluye actuaciones como nuevas iniciativas y participación activa en los proyectos normativos, anteponiendo siempre en la defensa de mejoras cualitativas para la salud, bienestar e información de los ciudadanos; mayor colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y con la Oficina Alimentaria y Veterinaria, y promover contactos entre las autoridades comunitarias y las de los países que exportan productos a Europa en los que se han detectado mayores deficiencias de seguridad.
Como segunda línea general, establece la actuación coordinada de los organismos estatales. Para lograr una mayor eficacia y eficiencia se va a afianzar y reforzar la cohesión de las líneas de acción de los distintos ministerios en relación con la seguridad alimentaria. Así, entre las principales previsiones destacan la aprobación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición; reforzar la coordinación de la Administración General del Estado, garantizar una respuesta adecuada y eficaz en la gestión de alertas, mediante una orden ministerial que la regule y el diseño de un Plan de Comunicación; desarrollar un procedimiento de colaboración entre las autoridades aduaneras; mejorar los controles de seguridad, trazabilidad y calidad, y el etiquetado y la información de los alimentos y difundir el conocimiento en seguridad alimentaria, potenciando el papel del Comité Científico de la AESAN.
Asímismo, se propone reforzar la prevención de riesgos biológicos en la alimentación, como salmonelosis, 'campylobacter' o anisakis, prevenir y reducir la exposición de las personas a los agentes químicos o contaminantes, de origen ambiental (agrícola, industrial) o tecnológico, mediante una intensificación de los controles, y los riesgos nutricionales derivados de la composición de los productos. En este sentido, incluye la disminución de la concentración de grasas trans, el Plan de apoyo a las personas con intolerancia al gluten y el apoyo a grupos de población alérgicos a alimentos.
Finalmente, la tercera línea general pasa por "más coordinación y refuerzo de la acción en el Estado". Dentro de este objetivo de la Estrategia, destacan acciones como mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas, con competencias exclusivas en la inspección y control, aprobación de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, respaldo normativo y refuerzo de la Red de Alerta (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), mayor implicación de las Entidades Locales en seguridad alimentaria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), campañas de información a los consumidores y colaboración con las asociaciones que los representan, más implicación de los sectores económicos para evitar la presencia en el mercado de productos inseguros, como responsables de la seguridad y calidad de sus productos según la normativa europea, plan de reducción de consumo de sal, y coordinación de planes de apoyo a la lactancia materna, en el marco de los programas de salud materno-infantil.
EXIGENCIAS COMUNITARIAS
Según explica Sanidad, la misión de la seguridad alimentaria es conseguir que los productos alimenticios y sus procesos de elaboración logren un alto nivel de protección de la salud de los ciudadanos a partir de las mejores pruebas científicas, con una nueva doctrina que España comparte.
Los principios en que se basa esta nueva estrategia pasan por un "elevado nivel de protección y hacer realidad el principio 'de la granja a la mesa', es decir que la cadena alimentaria se entienda de forma unitaria, como un continuo.
Además, considera que las empresas son las responsables legales de sus productos y su seguridad. Así se debe reconocer, así como también resaltar que España cuenta con un sector con buenos controles de trazabilidad y calidad. El Estado, en el caso de España, las comunidades autónomas, deben realizar una supervisión intensa de los sistemas de control de los agentes económicos de forma coordinada. La Ley 11/2001 atribuye a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición diversas funciones relativas a esta coordinación.
Asimismo, las políticas de seguridad alimentaria deben basarse en los tres componentes del Análisis de Riesgos Alimentarios: evaluación, gestión y comunicación. Las decisiones deben fundamentarse en un análisis científico del riesgo, aplicar el principio de cautela o precaución cuando sea necesario y perseguir la máxima transparencia.
