Actualizado: martes, 14 marzo 2017 12:20

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico ha aprobado en su última reunión dedicar a prevención de las drogodependencias en 2017 el 68 por ciento del dinero (33,1 millones de euros) proveniente del decomiso de bienes por delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas.

Así, 22,7 millones se destinarán este año a programas de prevención; 8,9 millones irán dirigidos principalmente a impulsar el control policial y aduanero del tráfico de estupefacientes y 1,5 cubrirán las actividades de gestión del propio Fondo.

En cuanto al reparto de los 22,7 millones de euros destinados a prevención de las drogodependencias y otras adicciones, 8,6 se asignarán a las Comunidades Autónomas; 6,6 a las Corporaciones Locales; 3,2 a los programas desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y 350.000 euros a impulsar actividades de los municipios al amparo del convenio firmado en 2001 entre la FEMP y la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas.

Asimismo, 250.000 euros se dedicarán a proyectos internacionales y 3,6 millones a actividades de la Delegación del Gobierno del PNsD, incluida la financiación de acciones de sensibilización social sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de menores de edad.

De los 8,9 millones de euros que se dedicarán en 2017 al control del tráfico de drogas, 7,6 irán destinados al Ministerio del Interior para financiar las actividades contra el narcotráfico de Policía Nacional, Guardia Civil y Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Otras actuaciones del Ministerio del Interior estarán orientadas a la labor de prevención y asistencia que se realiza en Instituciones Penitenciarias y las actividades que, mediante acuerdo interdepartamental con Interior, realiza el Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico. Los 1,3 millones de euros restantes dirigidos al control de la oferta tendrán como destinatarios al Servicio de Vigilancia Aduanera, el Instituto Nacional de Toxicología, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Fiscalía Especial Antidroga.

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