MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.
Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido un documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia.
"Hemos planteado una mayor transparencia en el sistema de dependencia, que se ha puesto en cuestión con el informe. Tratamos de tener unas certificaciones en las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia y elaborar en seis meses los parámetros y los requisitos que deben enviar las comunidades autónomas al IMSERSO para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos", ha aseverado la ministra.
