MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha mostrado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez por generar los marcados jurídicos, sociales y normativos necesarios para eliminar el estigma y discriminación que sufren los pacientes con VIH y construir entornos que "favorezcan" la igualdad de trato y oportunidades del colectivo.
Precisamente este es uno de los objetivos del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH que la ministra ha presentado este martes junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura; la directora del Plan Nacional del Sida, Julia del Amo; y el vicepresidente del Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) y presidente de CESIDA, Ramón Espacio.
El Pacto Social es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, actualmente vigente y prorrogado hasta 2020, y en el que se establece que para dicho año el 73 por ciento de los pacientes en España tenga una carga viral indetectable, algo que, según ha asegurado Del Amo, sólo se puede conseguir garantizando la "cero discriminación".
Algunas de las líneas de actuación establecidas en el pacto son la de favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH; trabajar en favor de la aceptación social; reducir la estigmatización en las personas con VIH; y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación.
Para ello, el documento establece una serie de acciones en el ámbito sanitario, laboral, educativo y científico como, por ejemplo, vigilar las situaciones de discriminación; asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como un indicador del padecimiento de enfermedad infecto contagiosa; ampliar las garantías de protección legal; promoción de políticas para evitar la discriminación laboral; dar respuesta a las situaciones de discriminación producidas desde el ámbito sanitario; garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción; favorecer la libre circulación de personas con el VIH y con sida, y prevenir el estigma y la discriminación en el ámbito educativo.
Una de las primeras actuaciones que se desarrollarán será la solicitud de adhesión de los diferentes agentes sociales e institucionales implicados, la cual se presentará en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, que se celebrará en enero de 2019.
CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN POR VIH
Y es que, tal y como ha advertido la directora del Plan Nacional del Sida, cada año se diagnostican 3.400 nuevos casos de VIH en España, una cifra "inaceptablemente alta" que se debe, entre otros aspectos, al sentimiento de discriminación que sienten los pacientes. Esta afirmación ha sido también corroborada por la ministra de Sanidad, quien, además, ha lamentado las consecuencias que dicho estigma tiene tanto para la salud psicológica del afectado como para la salud pública.
"Una gran parte de la población lamentablemente no sabe todavía cómo se transmite el virus del VIH y, además, se desconocen los avances científicos que en el abordaje de la transmisión que se han realizado. Si la información no se transmite correctamente persistirá la discriminación de estas personas", ha comentado Carcedo, para insistir en que, ante este escenario, el objetivo del pacto es avanzar en la no discriminación y, para ello, se fundamenta en lo establecido en los artículos 43 y 14 de la Constitución.
Del mismo modo se ha pronunciado el ministro del Interior, quien ha recordado que en el 2007 participó en la campaña 'Entre nosotros usa el preservativo' y ha advertido de que el contagio del VIH "no es una cuestión de grupos de riesgo, sino de conductas de riesgo". En este sentido, Grande-Marlaska se ha comprometido a mejorar la formación de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sepan garantizar el derecho y las libertades de estos pacientes y, así, contribuir a la lucha contra el estigma que sufren.
"Cuando una persona sufre discriminación al primer lugar al que acude es a la policía y ese profesional debe tener conocimiento y sensibilidad clara sobre los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico ofrece para combatir esa situación", ha dicho el ministro del Interior, para reiterar la necesidad de romper estigmas en el acceso al empleo público, teniendo siempre como objetivo que hay que moverse en base a parámetros clínicos, ya que si se atiende sólo a parámetros de diagnóstico es caer también en el estigma.
Precisamente, durante el acto, el presidente de CESIDA ha recordado que las personas con VIH no pueden acceder a muchos puestos de trabajo y que, los que están trabajando viven con "miedo" por perderlo, no encontrar trabajo, no poder acceder a una hipoteca o, incluso, a que su médico de Atención Primaria se entere. "Es algo absurdo, anacrónico y que esperamos que con este pacto se abra el camino para conseguir la igualdad de trato", ha dicho Espacio.
Finalmente, la consejera de Sanidad de Aragón ha asegurado que el pacto firmado normalizará socialmente la enfermedad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los afectados. Además, ha subrayado la importancia de que se incluya en el mismo a las administraciones autonómicas y locales, ya que son ellas las que tienen que implementar las medidas. "En nombre de todas las comunidades aplaudimos la iniciativa y haremos todas las acciones para que el pacto sea un éxito y un ejemplo a nivel internacional", ha zanjado Ventura.
