MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley sobre farmacovigilancia para combatir la lucha contra los medicamentos falsificados, que se está tramitando en el Congreso y conlleva la modificación de la Ley del Medicamento, permitirá previsiblemente a los fisioterapeutas indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos.
El PP, CiU, UPyD e Izquierda Unida han presentado diferentes enmiendas para incluir en este proyecto de ley este "demanda histórica" de los fisioterapeutas, que afectará a aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión.
Además, en la enmienda de los 'populares' se establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad será quien acredite a estos profesionales con efectos a todo el Estado "de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente".
El PP ha defendido que la prescripción de productos sanitarios "resulta viable" ya que los nuevos títulos de grado en Fisioterapia contemplan la adquisición de conocimientos para uso de medicamentos y productos ortoprotésicos.
De igual modo, añaden, esta ampliación de competencias "no tiene coste" y "da cobertura legal" a las actuaciones de estos profesionales, para lo que ha habido un consenso parlamentario, como quedó demostrado recientemente en una proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios pidiendo al Gobierno tal objetivo.
Además, entre las 30 enmiendas presentadas por los 'populares' a este proyecto de Ley incluyen dos destinadas a reforzar las competencias del Estado a la hora de definir los precios de los medicamentos y garantizar en condiciones de igualdad el acceso en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El PP critica la puesta en marcha de algunas "medidas parciales" puestas en marcha por algunas comunidades que han "dado lugar a la existencia de una alta litigiosidad y a la necesidad de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional", como ha sucedido con las tasas del euro por receta de Madrid y Cataluña y la subasta de medicamentos de Andalucía.
Por ello, proponen dejar claro en la Ley del Medicamento que las medidas que las comunidades adopten para racionalizar la prescripción y uso de medicamentos "no podrán producir diferencias en las condiciones de acceso" a aquellos medicamentos financiados por el SNS, ni a su catálogo ni a sus precios.
Asimismo, establecen que el precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS, salvo que éste sea "aplicable en todo el territorio nacional".
