OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha mostrado su rechazo este sábado ante la posibilidad que baraja el Gobierno de España de imponer sanciones económicas a los padres o tutores de los menores que sean atendidos en urgencias por protagonizar de forma reiterada intoxicaciones etílicas, al entender que se trata de una medida "injusta, lesiva e ineficaz" para atajar el problema del consumo de alcohol en edades tempranas.
Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el director general de Salud Pública, Julio Bruno, ha considerado que la opción apuntada por el responsable del Plan Nacional de Drogas supone un "castigo añadido" a familias muchas veces lastradas por otros problemas característicos de contextos socioeconómicos desfavorables, como el abandono escolar o la exclusión.
Además, podría evitar que adolescentes que precisen una atención médica urgente no acudan a los servicios médicos por temor a las sanciones.
A esto se añade lo excepcional que resultan este tipo de situaciones. En concreto, Julio Bruno ha defendido que los casos de intoxicaciones etílicas de menores en Asturias son muy minoritarios y a veces aparecen ligados a problemas psicopatológicos que precisan ser detectados, evaluados y atendidos por las administraciones.
Los servicios de urgencias del conjunto de la red hospitalaria pública del Principado han tratado con diagnóstico de intoxicación etílica entre un 0,3 y un 0,4% de la población adolescente en el plazo de un año, según datos recogidos por el Servicio de Salud. Por sexo, no se han detectado diferencias significativas entre hombres y mujeres.
LEY A DEBATE EN OTOÑO
Frente a las medidas sancionadoras, el Gobierno asturiano está ultimando, con ayuda de todos los agentes sociales implicados, el texto de una ley integral de prevención y atención a la drogodependencia, que saldrá a información pública este mes y que será debatida por la Junta General del Principado este otoño, una vez se reanude el periodo de sesiones.
Salud Pública ha destacado que el objetivo de la ley es actuar sobre la demanda, con posibles medidas educativas o de reparación del daño para el infractor, y sobre la oferta de todos aquellos establecimientos y locales de ocio que facilitan la adquisición de bebidas alcohólicas a menores de edad. En este sentido, ha explicado que, según los datos de la última encuesta nacional, en Asturias 8 de cada 10 jóvenes que consumen por debajo de la edad reglamentaria lo han comprado personalmente en bares o tiendas.
Bruno ha realizado un llamamiento al "compromiso ético y cívico" de todos los agentes sociales para crear un entorno socioeducativo que favorezca el respeto a la nueva normativa y ha defendido la necesidad de que familias y administraciones colaboren en la promoción de modelos alternativos de ocio saludable, apartados de la cultura de consumo de alcohol. "Hay que atajar la creencia de que ocio es igual a alcohol, el ocio puede y debe ser otra cosa", ha subrayado.
