MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el que pretende ahorrar unos 1.500 millones de euros anuales gracias a una serie de medidas de carácter inmediato que incluyen la modificación del sistema de precios de referencia para medicamentos financiados, una rebaja en el precio de los genéricos y la fijación de un precio máximo de financiación para fármacos de síntomas menores.
Dicha norma servirá de "marco básico" para el posterior desarrollo de diferentes medidas, ya acordadas el pasado jueves por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del SNS, para garantizar la sostenibilidad del sistema ante la actual situación de crisis económica que, según destacó la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, ha "acentuado las dificultades presupuestarias" de las comunidades.
Por su rango de Decreto Ley, el texto deberá ser debatido y validado en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, para lo que representantes del ministerio se han ido reuniendo en las últimas semanas con los diferentes grupos parlamentarios a fin de obtener el mayor consenso posible.
De hecho, la propia Jiménez ha reconocido que el acuerdo inicial alcanzado con el Partido Popular la semana pasada fue el que le permitió presentar una propuesta en firme a las comunidades.
Entre estas medidas, que ya estaban incluidas en el II Plan Estratégico de Política Farmacéutica, se incluye la modificación del cálculo de los precios de referencia para medicamentos con más de 10 años en el mercado, con un mismo principio activo, idéntica vía de administración y que cuenten con un genérico en el mercado.
Sanidad propone que dicho precio de referencia se obtenga a partir del coste por tratamiento y día más barato, y no con el promedio de los tres más baratos como hasta ahora, con lo que el SNS se ahorrarán anualmente unos 916 millones de euros.
Igualmente, el Gobierno propone un precio máximo de financiación para medicamentos de uso muy común y con una oferta muy amplia, como los antitérmicos o los analgésicos, entre otros, quedando exentos de ser financiados todos aquellos que no adapten su precio a este máximo-- con la que el SNS ahorrará unos 352 millones de euros anuales.
Por último, la norma que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluye una rebaja en el precio de los medicamentos genéricos de un 25 por ciento de media, salvo en el caso de aquellos fármacos que ya hayan bajado considerablemente sus precios, un 20 por ciento para los pañales y un 6 por ciento para los productos sanitarios, con lo que se conseguirá un ahorro de 317 millones de euros.
LOS FABRICANTES DE GENÉRICOS, "CERCA DE DESAPARECER"
Esta medida en concreto ha sido una de las más criticadas por los agentes implicados del sector, ya que la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) asegura que este sector "tenderá a desaparecer en un corto plazo de tiempo" si se adoptan estas medidas. Además, calculan que pueden perder unos 2.000 empleos y casi la mitad de su facturación anual.
La patronal de la industria farmacéutica en España también ha criticado estas medidas calificándolas como "muy negativas" ya que también afectarán a la facturación de muchas farmacéuticas innovadoras del sector. Según el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, "va a ser difícil mantener el ritmo inversor en investigación e internacionalización que requiere la competencia a escala global".
Igualmente, y pese a que resaltaron el "consenso político" al que llegaron Sanidad y las autonomías, alertó de "posibles costes laborales, con el coste público adicional que de ello se deriva".
Otros en protestar han sido las oficinas de farmacia, ya que temen que la reducción de precios afecte a los márgenes de beneficio de estos profesionales. Pese a que la ministra Jiménez anunció algunas medidas para compensar esta bajada, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) aseguró que pueden suponer una pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo para las oficinas de farmacia españolas.
