Ana Mato indica que se consigue así frenar el turismo sanitario y se obtiene un ahorro de 1.000 millones de euros
MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha dado luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.
De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.
Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indican desde este organismo.
En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".
FIN AL TURISMO SANITARIO CON UN AHORRO DE 1.000 MILLONES
Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.
Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000 millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan.
Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.
No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", sostienen desde la institución.
Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.
Además, será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya fallecidas".
