MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (médicos, enfermeros, biólogos, farmacéuticos, entre otros) que incorpora mejoras en sus retribuciones, con un incremento medio del 18% en sus sueldos base y con futuras subidas salariales ligadas a las que se establezcan para el personal estatutario del Sistema Nacional de la Salud (SNS).
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros que estos profesionales van a mejorar "sustancialmente" sus condiciones laborales, ya que este colectivo --formado aproximadamente por unas 20.000 personas-- contará por primera vez con un marco jurídico estable que recoja sus derechos en el ámbito laboral. En concreto, se fijan complementos de grado de formación y atención continuada, y la mejora salarial se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero del 2006, explicó.
Según De la Vega, la semana de trabajo de los residentes será, como mucho de 37,5 horas, y no podrán realizar más de 7 guardias al mes, como solicitaron las centrales sindicales. El texto garantiza también que habrá descansos de 12 horas después de la jornada laboral.
En los contratos de trabajo que se firmen al amparo de este Real Decreto no podrá establecerse un período de prueba y su duración será de un año, renovable por períodos iguales durante el tiempo que dure el programa formativo de la especialidad, según informó Sanidad.
Además, resaltó que estos profesionales "van a tener mejores condiciones para poder conciliar su vida familiar con la profesional, ya que las embarazadas no podrán trabajar más de 12 horas". Así, se prevé una especial organización del tiempo de trabajo en los supuestos de embarazo, guarda legal, cuidado directo de un familiar y guardia y custodia no compartida de un hijo menor de edad, ya que "la meta básica de este Gobierno es la extensión de derechos a todos los colectivos sociales".
Para asegurar la protección integral contra la violencia de género, se incluyen en el Real Decreto medidas especificas, previéndose que si la víctima de la violencia de género se ve obligada a desplazarse a otra localidad o comunidad autónoma, pueda beneficiarse del derecho preferente a que se le asigne otra plaza de residente en formación en ese lugar.
"Este decreto da derecho a un colectivo importante que es el de los jóvenes médicos que venían, con toda legitimidad, reclamándolo largamente", sostuvo la vicepresidenta primera del Gobierno.
En cuanto a la formación, según De la Vega, estará regulada aunque no ha dado tiempo ha incluirlo en el texto, ya que el Ministerio de Sanidad y Educación están trabajando en ello. No obstante, precisó que "este es un tema muy importante, al cual el Gobierno le da la máxima relevancia". De acuerdo con el compromiso adquirido en la pasada reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, se presentará antes de fin de mes un borrador de esta norma, que abordará la definición de la unidad docente, las figuras docentes, la evaluación de los residentes, entre otras.
FRUTO DE AMPLIAS NEGOCIACIONES
A juicio de Sanidad, este texto es fruto de un "amplio proceso de negociación" tanto con las comunidades autónomas, de las que obtuvo un respaldo unánime en la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud celebrada el 21 de noviembre de 2005, como con los sindicatos, con los que se alcanzó un acuerdo con el que se cerró el ámbito de negociación el pasado 9 de febrero.
El Real Decreto ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al tratarse de una norma sobre legislación laboral, y en su elaboración "se ha buscado un equilibrio en la regulación que permita compaginar la mejora de la situación laboral de los residentes con las necesidades organizativas de las Unidades y Servicios Docentes donde van a recibir su formación y prestar sus servicios, en su inmensa mayoría dependientes de las comunidades autónomas".
