MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha asegurado que es "difícil de sostener" que la plantación de cannabis que ha autorizado el ayuntamiento de Rasquera (Girona) vaya a ser un cultivo privado para el autoconsumo cuando "lo que se está diciendo, es que estamos ante transacciones económicas de más de un millón de euros".
Así lo ha reconocido durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas celebrada en la Cámara Baja, donde ha recordado que el tema está ya en manos de la Abogacía del Estado para "impugnar dicho acuerdo", ya que considera que "se está magnificando un posible efecto beneficioso" de esta sustancia.
"Es difícil sostener que se habla de un cultivo privado para el autoconsumo cuando, lo que se está diciendo, es que estamos ante transacciones económicas de más de un millón de euros, de entidades que dicen asociar a miles y miles de personas, y que en sus estatutos no incluyen barreras de entrada para ser socios salvo ser menor de edad. Sólo faltara que esto no estuviera contemplado. Lo siento, pero yo no me lo trago", ha asegurado Babín.
Además, ha reconocido que pese a que se hablara de cannabis y usos terapéuticos, "que los hay, y están probados", "en todo momento se ha convenido que la automedicación no es una solución a los problemas clínicos".
"¿De que estamos hablando cuando se promueve mayoritariamente bajo un hipotético mensaje de beneficios para la salud, un consumo mayoritario de cannabis?", se ha preguntado Babín, admitiendo que, a su juicio, lo que sucede es que "se ha visto una oportunidad de negocio en un determinado ámbito y hay quien está dispuesto a explotarlo a ultranza".
"No se puede llamar privado a un consumo de miles de personas y, además, decir que no hay afán de lucro cuando se van a pagar más de un millón de euros por alquilar los terrenos", ha insistido.
El delegado del Gobierno ha reconocido que la Abogacía del Estado debe recabar la información pertinente para valorar los hechos y tomar una decisión, y confía en que la Fiscalía no tenga que actuar y el propio ayuntamiento cese en su iniciativa.
