BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña ha estimado en 198 millones de euros el coste de suprimir el euro por receta en las cuentas de 2013, en base a un incremento previsto del 9% en el gasto porque ya no existe el llamado 'tique moderador' --111 millones-- y los 87 millones que dejarán de recaudarse de forma directa.
Así consta en una respuesta parlamentaria del conseller Boi Ruiz a la diputada y exconsellera Marina Geli (PSC), consultada por Europa Press, en la que también precisa que la factura farmacéutica del mes de enero ha sido 6,9 millones de euros superior a lo esperado --el euro por receta se suprimió el 17 de enero y la factura total de dicho mes asciende a 108,6 millones--.
La Conselleria ya cifró en 155,7 millones de euros el impacto económico, en este caso positivo, que la aplicación del euro por receta había tenido en las cuentas de 2012 --45,7 millones recaudados y 110 millones ahorrados por el efecto disuasorio de la medida--, por lo que Salud estima la misma capacidad disuasoria para un año entero que solo medio, ya que la tasa estuvo en vigor únicamente seis meses durante 2012, desde el 23 de junio.
Más allá de las estimaciones, las recetas cursadas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en 2012 han representado un gasto para la Generalitat de 1.453 millones de euros, frente a los 1.695 millones de 2011, un descenso del 14,3% en la facturación.
Boi Ruiz apunta en su repuesta que el euro por receta aporta nuevos recursos económicos a la sanidad pública que ayudan a "minimizar los efectos de los ajustes presupuestarios", por lo que la supresión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) dificulta el cumplimiento de déficit.
"No se puede afirmar que la aplicación de la tasa sobre las recetas médicas y el nuevo modelo de copago definido por el Estado hayan supuesto una barrera de acceso al consumo racional de los medicamentos", añade, citando la existencia de límite para los colectivos más débiles y pacientes crónicos.
A pesar de ello, 405.000 pacientes llegaron al tope de 36 euros por persona que había fijado el Govern como máximo en 2012, lo que representa que el 5,5% de la población catalana --los que consumieron más fármacos-- pagaron el 32% del total recaudado, ya que estaban excluidos del pago 127.000 personas.
RECURSO AL TC
El Parlament solicitó en febrero de este año al TC el "levantamiento inmediato" de la suspensión de euro por receta, al argumentar que la anulación dificultaba el cumplimiento de los compromisos financieros y no era una buena señal para Europa y los mercados.
El escrito subrayaba que la suspensión cautelar de cinco meses prevista en el proceso es lesiva para los intereses de todo el Estado y, además, en el caso del euro por receta "elimina los efectos de racionalización" en la petición de medicamentos.
La argumentación firmada por el Parlament --la Mesa de la cámara catalana aprobó el día 17 de enero personarse en el proceso como parte afectada-- cita a lo largo de sus 13 páginas en diferentes ocasiones jurisprudencia constitucional para defender sus tesis, niega que exista una "doble imposición" sobre materias ya legisladas por el Estado y también niega que se altere el precio de estos bienes.
