La consejera catalana reclama que no se "generalice" ni se haga "un juicio paralelo" a todos los centros
BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, abogó hoy por esperar "la finalización de proceso judicial" reabierto hoy con el ingreso en prisión de dos psiquiatras por presuntamente facilitar abortos ilegales a través de informes médicos realizados de forma irregular a las pacientes. "Y si cometimos errores, depuraremos responsabilidades", aseguró, en alusión a las inspecciones que su Consejería realizó a estas clínicas sin encontrar indicios de delito.
Así se manifestó en respuesta a dos interpelaciones parlamentarias, y después, en los pasillos del Parlamento autonómico, recordó que las inspecciones de la Generalitat finalizaron con un expediente que detectó "irregularidades administrativas", pero "sin evidencia de delito". "Pero si en ese momento se escondían u ocultaban pruebas, no lo sé", apostilló.
"Pero no se puede hacer un juicio paralelo. Hay que esperar a la sentencia judicial y cuando la tengamos revisaremos todos los demás aspectos", señaló, aunque advirtió de que estas clínicas ya tuvieron hace tiempo "procesamientos abiertos que finalmente no inhabilitaron" a sus responsables. "No defiendo ninguna actuación, pero hemos de ser cuidadosos", apuntó, señalando que hasta el momento se ha decretado prisión preventiva peor aún hay que esperar la confirmación de los presuntos delitos.
Geli reclamó que "no se generalice" ni se extienda la "sombra de sospecha" sobre todas las clínicas privadas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en Cataluña, defendiendo la "ética y la profesionalidad" de todos estos centros de forma general. Geli rechazó "un juicio paralelo" a todas las clínicas y pidió dejar actuar a la justicia. "Si se ha competido delito, esta consellera será la primera que acompañará la suspensión de trabajo de estas personas y el departamento será duro" en eso, afirmó Geli, remarcando que si alguien ha competido ilegalidades "la justicia caerá sobre ellos".
"Que no se traslade a la opinión pública que en Cataluña, en los centros que se hacen interrupciones voluntarias del embarazo todo el mundo está fuera de la ley. Todo lo contrario. Absoluta confianza en los profesionales y en los centros, porque estas personas tienen ética y es un tema en el que, por las 21.000 mujeres que abortaron en Cataluña en 2006, no podemos ahora dejar que planee sobre ellas ninguna duda sobre su seguridad y su decisión", aseveró.
Geli recordó que, en esta cuestión, hay muchos debates abiertos, también el de modificación de la ley de 1985, pero remarcó que el actual es "el peor momento" para plantear esta reforma, porque "hay un proceso judicial abierto y por el periodo pre electoral español", en cuanto a que esta norma precisa de dos tercios del Congreso para ser aprobada.
Aun así, reiteró que ella es partidaria de reformar esta ley para acotar las posibilidades de aborto "a las primeras semanas" del embarazo, dado que la norma "permite la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento siempre que se acredite trastornos de salud mental y física graves para la persona" y sólo establece el límite de las 12 primeras semanas en caso de violaciones, y de 22 semanas de embarazo en las malformaciones". Estos dos últimos supuestos se realizan en los hospitales públicos, mientras que el primero es el que se realiza en clínicas privadas.
En la sesión parlamentaria, la consellera reprochó al PP de Cataluña que "generalice" los casos fraudulentos criticando la "imagen de Cataluña" que se da con estas actuaciones, y defendió la "ética personal" de los profesionales sanitarios. "Señores del grupo popular, no pretendan a través de este tema desprestigiar la imagen de cumplimiento de la legalidad y menos en un tema que tiene tanta connotación social", pidió. También reclamó a CiU que no siembre la sospecha sobre la eficacia de las inspecciones de la Generalitat.
Geli hizo una "defensa absoluta de la inspección" de su Conselleria, asegurando que los inspectores no tienen "órdenes políticas" y son los mismos de los últimos 23 años, sin haber relevado a su jefe "porque es una persona de un rigor profesional extraordinario". La consellera aseguró que si estos inspectores hubieran encontrado indicios de delito en las clínicas enjuiciadas, cuando se inspeccionaron, "se hubieran clausurado los centros".
Además, aseguró que su Consejería lleva "un control exhaustivo de todas las interrupciones voluntarias del embarazo", de las que se produjeron 21.000 en 2006 en Cataluña, y financia el 18% de los abortos por razones económicas de las mujeres. Además, defendió la eficacia de la los procesos de inspecciones ordinarias para garantizar los procedimientos y protocolos correctos en estos casos.
